El Gobierno desarma el sistema científico con más ajuste

El país de la región con menor inversión científica

El 4 de diciembre de 2025 quedó marcado como la fecha en que el ajuste dejó de ser un discurso abstracto y entró, sin anestesia, al corazón del sistema científico. La Agencia I+D+i decidió anular los proyectos PICT 2022 ya adjudicados y cerrar la convocatoria 2023, después de siete prórrogas. En términos simples: cientos de equipos que habían ganado concursos abiertos y transparentes se quedaron sin un peso. En términos estructurales: Argentina se encamina a ser, el año próximo, el único país de América Latina sin un programa nacional de financiamiento científico activo.

Los PICT no eran un detalle técnico. Eran la columna vertebral de la investigación básica y aplicada en todas las áreas del conocimiento. Cada año financiaban alrededor de 1.500 proyectos, que sostenían desde grupos de inmunología que trabajan en vacunas hasta equipos de biología que monitorean biodiversidad y cambio climático. En 2022, unos 800 proyectos fueron adjudicados y nunca ejecutados. La convocatoria 2023 directamente desapareció. Las becas asociadas se redujeron de unas 1.300 a 600, con fecha de vencimiento a corto plazo y sin reemplazo a la vista. La estructura se sostiene, por ahora, a fuerza de vocación y precariedad.

El recorte no se agota en la Agencia I+D+i. Los números globales son todavía más elocuentes. La función Ciencia y Tecnología pasará de representar 0,3 por ciento del PBI en 2023 a 0,164 por ciento este año. Es una caída del 45,3 por ciento en dos ejercicios, más profunda que la registrada en la gestión de Mauricio Macri y comparable al piso posterior a la crisis de 2001. Mientras tanto, programas clave como la Promoción de la Investigación y la Innovación muestran una reducción cercana al 83 por ciento de su ejecución. No es una poda. Es un desmonte.

En paralelo, organismos estratégicos sufren recortes de dos dígitos: CONICET, alrededor del 32 por ciento; INTA, casi 40 por ciento; INTI, más del 40 por ciento. Son instituciones que no estudian “sexo de plantas” para divertirse. Desarrollan semillas adaptadas a sequías, tecnología industrial para pymes, controles de calidad para exportaciones, herramientas para minería responsable o energía nuclear segura. Cada punto que se les quita a estos institutos se convierte en dependencia importada, pérdida de exportaciones o retroceso tecnológico.

A la asfixia presupuestaria se suma una redefinición ideológica del rol del Estado en ciencia. La nueva convocatoria de la Agencia exige que los proyectos tengan convenio con empresas privadas y promete una cantidad mínima de vacantes. Nueve de cada diez grupos de investigación quedarán fuera. Solo accederán aquellos que puedan ofrecer un “producto rápido” para el mercado y tengan vínculos empresariales previos. Sin programas complementarios, el mensaje es claro: la investigación que no promete una rentabilidad inmediata deja de existir. La ciencia básica, la que tarda años en madurar pero hace posible cualquier innovación posterior, queda expulsada del esquema.

En las universidades nacionales el impacto es doble. Muchos investigadores son también docentes y dependen de presupuestos que se enmarcan en la función Educación, también en caída fuerte. Laboratorios sin insumos, sueldos deteriorados entre un 30 y un 40 por ciento desde finales de 2023, becas que no se renuevan y perspectivas laborales cada vez más frágiles empujan a una nueva ola de éxodo. Lo que se va no es solo capital humano. Se va la posibilidad de sostener una formación universitaria con docentes que investigan y actualizan lo que enseñan.