Mientras avanzan incendios intencionales que amenazan localidades y rutas clave, Chubut enfrenta la emergencia con brigadistas precarizados y un fuerte recorte nacional al presupuesto contra el fuego. La sospecha criminal, la presión sobre territorios estratégicos y el ajuste profundizan una crisis ambiental sin precedentes en la Patagonia.
Actualidad13/01/2026
Incendios intencionales y ajuste estatal
La provincia de Chubut en la Patagonia vive momentos desesperados por los incendios, en momentos en que el gobierno del presidente, Javier Milei, dispuso rebajar en 70 por ciento el presupuesto destinado, entre otros, a combatir el fuego. El ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, dijo que el incendio –originado intencionalmente- puede extenderse a localidades cercanas ya afectadas anteriormente por una situación similar, debido a las condiciones climáticas.
Iturrioz descartó la hipótesis de negligencia en el inicio del fuego, ya que las pericias en laboratorio clínico determinaron que se utilizaron “acelerante e hidrocarburos” y está “acreditado con suficiencia que fue intencional (…) Es un lugar que se sabía que el fuego se iba a difuminar rápido, iba a tener sus contornos expandidos y, sobre todo, que iba a cortar la única ruta de acceso a Puerto Patriada. Acá hubo una intención criminal que antes no habíamos visto”.
Lo mismo sucedió a fines del año pasado, cuando se incendiaron los bosques de Epuyén y el Hoyo, zonas consideradas como patrimonio de la humanidad por los árboles milenarios y la belleza del paisaje, visitadas por centenares de turistas cada año.
Entre los turistas se destacan soldados israelíes que, desde hace años, son enviados por su país de vacaciones a la zona patagónica de Argentina y al sur de Chile, quienes ya han sido denunciados por habitantes de esos lugares por haber originado incendios, como sucedió el año pasado en Epuyén y el Hoyo.
En la Patagonia, se halla uno de los casos más conocidos de expolio comunitario y ecológico, como es el caso de la mansión y terrenos, incluido el lago Escondido, del magnate Joe Lewis (el otro caso conocido es el de Benetton). Además de tener uso y disfrute exclusivo de uno de los parajes y ecosistemas más pristinos de la Patagonia, Lewis controla también la generación de energía hidroeléctrica del lago. Joe Lewis es británico judío y acaudalado. Pero además, su mansión es frecuentada por muchos de estos soldados israelíes algunos de ellos acusados de crímenes de lesa humanidad.
Pero también han desembarcado millonarios de distinto pelaje, destacando también los qataríes. Una noticia del 8 de febrero anunciaba que el empresario Qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri había obtenido permiso para construir tres hidroeléctricas (ChiBa I, II y III) en el arroyo Baguales, entre Bariloche y El Bolsón. Nuevamente el agua en manos privadas y foráneas.
Este «turismo» israelí viene acompañado de una aceptada exploración geográfica, así como de una inversión en la compra de territorio. Se tiene conocimiento de esa exploración efectuada por los propios soldados israelitas desde 1976 e intensificada desde 1982. Las denuncias de los habitantes “marcan” los incendios como operaciones de desvalorización de las tierras y compra de las mismas con objetivos urbanos o inmobiliarios.
Brigadistas devaluados
En medio de un escenario marcado por incendios forestales activos en distintas regiones del país, brigadistas que trabajan en áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales visibilizaron su situación laboral y reclamar mejoras estructurales largamente postergadas.
En el mensaje, los trabajadores ponen el foco en la necesidad de ser valorados y reconocidos por el rol esencial que cumplen en la protección de los bosques, la biodiversidad y el patrimonio natural de todos los argentinos.
Entre los principales reclamos, los brigadistas enumeran la falta de salarios acordes al riesgo y la responsabilidad que asumen, así como la necesidad de acceder al pase a planta permanente, lo que permitiría garantizar estabilidad laboral y derechos básicos.
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Tras la feria judicial, el debate oral se reanudó con un fuerte planteo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Su abogado Carlos Beraldi cuestionó la validez de los arrepentidos, denunció forum shopping y acusó a la fiscalía de haber montado un proceso “nulo” basado en confesiones obtenidas bajo presión.
El conflicto en Lustramax, empresa ubicada en Tortuguitas, escaló del plano local a la escena nacional. Con despidos masivos, toma parcial de la planta y presencia de Gendarmería, el reclamo de sus trabajadores ya es leído por gremios y dirigentes como un anticipo de los efectos que podría tener la reforma laboral de Javier Milei.
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