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title: "Valenzuela quiere vender alcohol en estaciones: libre mercado que choca con la seguridad vial"
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description: "El senador libertario propone modificar una prohibición bonaerense vigente desde 1996 y habilitar alcohol en estaciones de servicio. La medida se presenta como modernización comercial, pero toca una política preventiva que Buenos Aires adoptó cuando todavía era minoritaria en el mundo."
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date_published: "2026-08-13T08:10:00-03:00"
date_modified: "2026-08-13T08:11:14-03:00"
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# Valenzuela quiere vender alcohol en estaciones: libre mercado que choca con la seguridad vial

![NOTA 2](/download/multimedia.normal.b216d40c81a85037.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)Diego Valenzuela encontró otra regulación para cortar. Esta vez no se trata de una tasa, un trámite municipal o un permiso comercial extravagante. El senador bonaerense de La Libertad Avanza quiere que las estaciones de servicio vuelvan a vender bebidas alcohólicas, una combinación cuya contradicción cabe entera en una frase: el principal cliente de una estación es alguien que está manejando.

El proyecto modifica la Ley 11.825, sancionada en 1996, y elimina la prohibición absoluta que hoy pesa sobre estaciones de servicio y sus anexos. También fija una veda general para la venta minorista entre las 23 y las 10 e incorpora expresamente al delivery dentro de esa restricción. Se mantienen la prohibición para menores y el régimen de Alcohol Cero al Volante.

Los argumentos económicos son previsibles. Las tiendas de las estaciones son comercios habilitados, pagan impuestos, compiten con supermercados y autoservicios y podrían ampliar sus ventas. Cervecerías, bodegas y distribuidores ganarían además nuevos puntos de comercialización. Todo cierto.

El problema empieza cuando una discusión de salud pública se reduce a determinar si dos comercios merecen competir en igualdad de condiciones.

Una farmacia tampoco vende cualquier medicamento sin receta porque el kiosco de enfrente pueda sentirse discriminado. Una estación tampoco almacena combustible de cualquier manera porque otra actividad comercial tenga menores controles. El mercado funciona dentro de reglas porque existen productos y situaciones cuyas externalidades exceden la relación entre comprador y vendedor.

El alcohol y la conducción pertenecen exactamente a esa categoría.

**Una ley vieja que no necesariamente quedó vieja**

Buenos Aires prohibió la venta de alcohol en estaciones hace treinta años y, lejos de tratarse de una extravagancia provincial, se ubicó tempranamente dentro de una corriente regulatoria que después adoptaron numerosos países.

La Organización Mundial de la Salud considera la reducción de la disponibilidad física del alcohol una herramienta válida de prevención y contempla específicamente las restricciones sobre estaciones de servicio. La evidencia internacional vincula una mayor densidad de puntos de venta con mayores daños asociados al consumo, incluidos accidentes de tránsito.

Eso exige una precisión. No existe una evaluación argentina capaz de demostrar que la Ley 11.825, tomada aisladamente, redujo determinada cantidad de accidentes. Sería intelectualmente deshonesto inventar ese número.

Pero tampoco existe evidencia que permita tratar la norma como una reliquia irracional.

Cuando la OMS relevó políticas internacionales en 2012, alrededor del 37% de los países ya prohibía la venta de cerveza en estaciones y cerca del 39% hacía lo mismo con vino y bebidas espirituosas. Buenos Aires había adoptado esa lógica desde 1996.

Chile avanzó en 2021 con una restricción comparable. Suecia utiliza un sistema muchísimo más severo de control de disponibilidad mediante su monopolio estatal. Francia permite ventas en estaciones bajo condiciones más laxas que Buenos Aires, pero impone restricciones nocturnas y prohíbe allí el alcohol refrigerado. Polonia también avanzó sobre limitaciones horarias en estaciones. Reino Unido conserva restricciones específicas dependiendo del tipo de establecimiento.

No hay un modelo único, pero sí un criterio bastante reconocible: **la estación de servicio no es un comercio cualquiera porque está construida alrededor del automóvil**.

Valenzuela intenta resolver esa contradicción diciendo que seguirá vigente Alcohol Cero. Pero son dos políticas diferentes. El control de alcoholemia actúa después de que alguien tomó la decisión de beber. Restringir la disponibilidad en estaciones trabaja antes, eliminando un punto de acceso particularmente asociado a quien está conduciendo.

Es prevención contra fiscalización posterior. No son sustitutos.

También existe una cuestión cultural. Durante décadas el Estado intentó separar dos acciones que producen una combinación peligrosa: manejar y beber. Volver a exhibir cerveza, vino o destilados en el mismo lugar donde se carga combustible introduce exactamente el mensaje contrario. El alcohol vuelve a convertirse en otro producto de conveniencia del viaje.

Y aquí aparece la cuestión política de fondo. La Libertad Avanza suele convertir cualquier regulación en sospechosa por definición, como si una norma fuera mala simplemente porque restringe una oportunidad comercial. Es una simplificación cómoda hasta que aparecen actividades donde el costo de una mala decisión no lo paga solamente quien la tomó.

Valenzuela tiene derecho a discutir si los horarios deben actualizarse, si el delivery necesita reglas propias o si determinados aspectos de una ley de 1996 quedaron envejecidos. Eso es legislar. Otra cosa es utilizar la palabra "modernización" como llave maestra para abrir cualquier puerta.

La Provincia puede revisar una legislación de hace treinta años. Pero antes de eliminar una barrera preventiva debería demostrar que perdió utilidad, no simplemente que existe un negocio esperando detrás.

Porque hay mercados que conviene ampliar y otros donde conviene preguntar primero qué estamos comprando a cambio. Vender una botella más puede mejorar una caja registradora. Si el lugar elegido para hacerlo es aquel al que la gente llega manejando, la libertad comercial deja de ser una teoría elegante y empieza a circular por la ruta.

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