Las expensas dejaron de correr al ritmo de la inflación más alta, pero eso no significa que hayan dejado de pesar sobre los bolsillos. En el Gran Buenos Aires, donde conviven salarios deteriorados, empleo informal y un mercado inmobiliario cada vez más exigente, el pago mensual del consorcio se convirtió en otra obligación difícil de sostener. El dato que más preocupa ya no es únicamente cuánto aumentan las expensas, sino cuántas familias dejaron de pagarlas.
Los relevamientos privados muestran una realidad que empieza a consolidarse. En la provincia de Buenos Aires la expensa promedio alcanzó los $168.253 mensuales, con un incremento interanual cercano al 40%. Al mismo tiempo, la morosidad ronda el 17%, lo que implica que aproximadamente uno de cada seis propietarios o titulares de unidades funcionales mantiene deudas con su consorcio. Para las administraciones, el fenómeno dejó de ser un problema aislado y pasó a convertirse en un condicionante estructural para el funcionamiento cotidiano de los edificios.
Una economía que ya no cierra dentro del consorcio
La desaceleración de la inflación ayudó a moderar los aumentos mensuales, pero no modificó la estructura de costos que sostiene a un edificio. Los salarios del personal, las cargas sociales, el mantenimiento de ascensores, bombas de agua, espacios comunes, servicios públicos y contratos permanentes siguen absorbiendo la mayor parte del presupuesto.
Los informes sectoriales muestran que solamente los gastos de personal representan alrededor del 34% de las expensas en la provincia de Buenos Aires. Si se suman mantenimiento, servicios y costos administrativos, más del 80% del presupuesto queda comprometido en gastos difíciles de reducir sin afectar el funcionamiento del edificio.
En otras palabras, la inflación baja más rápido que los costos fijos del consorcio. Esa diferencia explica por qué las expensas dejaron de crecer al ritmo de 2025, pero continúan en niveles históricamente elevados para miles de familias del conurbano.
La consecuencia aparece rápidamente en la cobranza. Cuando una familia deja de pagar, el edificio no puede dejar de abonar sueldos, seguros o servicios esenciales. El faltante termina financiándose con reservas, postergando reparaciones o distribuyendo el costo entre quienes todavía cumplen con sus obligaciones.
Durante los primeros cinco meses del año la mora mostró una leve mejora respecto de 2025, descendiendo desde un pico cercano al 17,7% hasta el 16,5% en mayo. Sin embargo, la reducción todavía resulta insuficiente para hablar de una normalización. Los administradores reconocen que la recuperación depende más de planes de refinanciación, recordatorios digitales y acuerdos de pago que de una mejora genuina en la capacidad económica de los vecinos.
El fenómeno expone una contradicción de la economía actual. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran una desaceleración inflacionaria, la economía doméstica continúa ajustándose sobre ingresos que todavía no recuperan plenamente el terreno perdido. En ese escenario, las expensas pasaron a competir con alquileres, servicios, transporte y alimentos dentro de un presupuesto familiar cada vez más estrecho.
Para miles de hogares del Gran Buenos Aires, el problema ya no consiste solamente en llegar a fin de mes. También implica sostener el edificio donde viven. Cuando aumenta la mora, se deteriora el mantenimiento, se frenan las obras y se multiplican las tensiones entre vecinos. La inflación podrá desacelerarse, pero mientras el poder adquisitivo no logre recomponerse de forma sostenida, las expensas seguirán siendo uno de los síntomas más visibles de una economía que todavía no termina de cerrar puertas adentro de los hogares.
