La política judicial nunca se mueve en el vacío. Cada designación, cada vacante y cada pliego tiene un contexto. Y cuando el expediente más sensible para el Gobierno sigue acumulando polémicas por su ritmo de avance, cualquier movimiento alrededor de sus protagonistas deja de ser un trámite administrativo para convertirse en un hecho político.
Eso ocurrió con la oficialización de Ana María Juan como titular del Juzgado Federal de Hurlingham, una decisión que volvió a poner el foco sobre la investigación por la presunta criptoestafa Libra.
El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial luego de que el Senado aprobara su pliego, un proceso que atravesó tres administraciones presidenciales hasta llegar a destino. Sin embargo, la coincidencia temporal con los últimos movimientos del expediente Libra alimentó las suspicacias. Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien conduce la investigación sobre el caso que golpea políticamente al oficialismo.
El dato no pasaría de una coincidencia biográfica si la causa no atravesara uno de sus momentos más cuestionados. Hace pocos días, Martínez De Giorgi resolvió apartar del expediente a quienes se presentaban como querellantes en representación de las presuntas víctimas de la maniobra. Esa resolución fue apelada y ahora será la Cámara Federal la que deberá decidir si esas personas recuperan o no su participación en el proceso.
Una designación que llega en medio de una Justicia en movimiento
Desde la Casa Rosada sostienen que la designación responde a necesidades operativas de la Justicia Federal de San Martín.
El juzgado de Hurlingham todavía no fue habilitado para funcionar, por lo que Ana María Juan podrá desempeñarse de manera transitoria en otros tribunales vacantes de esa jurisdicción, como Morón o Moreno, hasta que la nueva sede entre efectivamente en actividad.
El argumento institucional, sin embargo, no logró desactivar la discusión política. La investigación sobre Libra ya carga con cuestionamientos por la lentitud del expediente y por decisiones procesales que despertaron críticas entre denunciantes y especialistas. En ese escenario, cualquier movimiento relacionado con los actores que intervienen en la causa adquiere inevitablemente otra dimensión.
La magistrada posee una extensa carrera dentro de la Justicia Federal. Fue secretaria de la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py y, hasta ahora, tenía a su cargo la oficina encargada de implementar el sistema acusatorio. Su recorrido profesional es previo y ajeno al expediente Libra, pero el calendario terminó jugando en contra de la percepción pública.
Como si el tablero no estuviera suficientemente cargado, el Gobierno también impulsa cambios en la integración de la Cámara Federal mediante los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para cubrir vacantes estratégicas. A eso se suma la inminente salida de Martín Irurzun, luego de que fracasara su intento de extender su permanencia en el tribunal.
En la superficie, todos son movimientos institucionales previstos por la dinámica judicial. En la profundidad, configuran una reconfiguración de piezas sobre uno de los escenarios más sensibles del poder. Porque en política, y mucho más cuando una causa incomoda al Gobierno de turno, las coincidencias rara vez se leen solamente como coincidencias. Y cuando la confianza pública ya viene golpeada, el problema deja de ser únicamente qué hace la Justicia. También empieza a importar, y mucho, cómo lo percibe la sociedad.
