La pelea en Georgalos dejó de ser un conflicto puertas adentro de una fábrica. Con el paso de los meses se transformó en una radiografía de las tensiones que atraviesan buena parte de la industria alimenticia y del entramado productivo del norte del Conurbano. A los despidos, las suspensiones y las presentaciones judiciales ahora se suma un clima de creciente incertidumbre entre los trabajadores, que advierten que el conflicto sigue escalando mientras no aparecen señales de una solución de fondo.
Miguel Maciel, uno de los cinco empleados despedidos en junio de 2025, volvió a poner el foco sobre la situación que atraviesa la planta de San Fernando. Aunque dos de los trabajadores obtuvieron una reincorporación provisoria por vía judicial, otros tres continúan desvinculados y el conflicto permanece abierto.
El trabajador, que aclaró no ocupar cargos gremiales, sostuvo que el problema ya excede el caso individual y debe analizarse en un contexto más amplio de retroceso industrial. "En los últimos meses se perdieron más de 100 mil empleos a nivel nacional y en nuestra zona vemos un industricidio terrible", afirmó, al describir un escenario que también alcanza a otras empresas del corredor industrial del norte bonaerense.
Un conflicto que trasciende la fábrica
Uno de los principales cuestionamientos apunta al argumento económico utilizado para justificar las medidas adoptadas por la empresa. Según Maciel, la realidad operativa no coincide con el discurso de crisis.
"Dicen que hay crisis, pero vemos exportaciones a Chile, Uruguay y Estados Unidos, inversiones millonarias y campañas publicitarias. Entonces, ¿dónde está la crisis?", planteó el trabajador, quien además expresó preocupación por la decisión de trasladar parte de la producción a China, una posibilidad que, según señaló, incrementó la incertidumbre dentro de la planta.
A ese escenario se suman las suspensiones aplicadas bajo el artículo 223 bis, que implican reducciones salariales cercanas al 20%, además de cambios en las condiciones laborales que los trabajadores vienen denunciando desde mayo de 2025. El conflicto comenzó cuando reclamaron por modificaciones en las líneas de producción, menor cantidad de personal y una mayor exigencia física para sostener los ritmos de trabajo. Tras aquellas medidas gremiales llegaron los despidos que hoy siguen bajo discusión en la Justicia.
Maciel también denunció que los empleados reincorporados cautelarmente no pudieron regresar a sus puestos originales. Según explicó, fueron destinados a tareas aisladas, con restricciones para mantener contacto con otros compañeros, situaciones que forman parte de las presentaciones realizadas ante los tribunales laborales.
La discusión también alcanzó al movimiento sindical. "Esperábamos que el movimiento sindical estuviera a la altura de este momento histórico, pero no fue así", sostuvo, al reclamar un plan de lucha coordinado entre las distintas centrales obreras frente al avance de las reformas laborales y los conflictos que atraviesan distintos sectores industriales.
Más allá de las posiciones enfrentadas entre empresa y trabajadores, el caso Georgalos refleja una preocupación que atraviesa a numerosas comunidades industriales del Conurbano. Detrás de cada puesto de trabajo en discusión hay familias, comercios de cercanía y economías locales que dependen de la actividad fabril. Por eso, mientras la causa continúa su recorrido judicial y el conflicto sigue sin resolverse, la incertidumbre ya dejó de ser únicamente un problema dentro de una planta. También empezó a sentirse en el barrio que creció alrededor de ella.
