Hay batallas que se pierden en el recinto y otras que empiezan a perderse mucho antes, cuando la opinión pública deja de acompañar el relato. Eso es lo que empezó a ocurrir con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei. Mientras el oficialismo intenta reactivar el tratamiento en el Senado el próximo 6 de agosto, un relevamiento nacional muestra que la principal bandera argumental de la iniciativa no encuentra eco en la mayoría de los argentinos.
La encuesta de Zuban Córdoba y Asociados expone un dato incómodo para la Casa Rosada: el 77 por ciento de los consultados considera que deben mantenerse las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Apenas un 16,7 por ciento respalda la eliminación de esos límites y un 6,3 por ciento respondió que no sabe o prefirió no contestar.
No se trata solamente de una diferencia estadística. Es un problema político. Porque el Gobierno eligió convertir la flexibilización del régimen vigente en una pieza de su programa de desregulación económica justo cuando la mayoría parece mirar ese debate desde otro lugar: el del control del territorio y de los recursos estratégicos.
La investigación fue realizada entre el 16 y el 18 de julio sobre una muestra nacional de 1.400 casos, con un margen de error de ±2,62 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento. La pregunta se incorporó mientras el Senado comenzaba a discutir un proyecto que modifica aspectos centrales de la Ley 26.737, norma que desde hace quince años fija límites a la extranjerización de tierras rurales y establece restricciones para zonas de frontera y otras áreas consideradas sensibles.
La tensión entre el relato de las inversiones y el costo político de la soberanía
En el Gobierno sostienen que la reforma forma parte de un esquema destinado a fortalecer la inviolabilidad de la propiedad privada, brindar mayor seguridad jurídica y facilitar el ingreso de inversiones. Es una narrativa coherente con la lógica libertaria: reducir regulaciones para ampliar la libertad económica.
El problema aparece cuando esa lógica abandona el terreno de los mercados y desembarca en un activo que buena parte de la sociedad sigue considerando estratégico. La tierra no ocupa el mismo lugar simbólico que una fábrica o una acción bursátil. En el imaginario argentino conviven décadas de debates sobre soberanía, producción agropecuaria, recursos naturales y control de las zonas de frontera. Ahí es donde el discurso económico empieza a tropezar con una sensibilidad política mucho más transversal.
El oficialismo ya tuvo una muestra de esa dificultad el 16 de julio, cuando no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con el tratamiento del proyecto. Ahora buscará una nueva oportunidad en la sesión prevista para el 6 de agosto. Pero llegará con un dato que la oposición seguramente utilizará para reforzar su ofensiva parlamentaria.
Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien afirmó: "El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propuesto por el Gobierno nacional es la habilitación a la compra indiscriminada de suelo, sin generar inversión ni empleo: lo que realmente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos". Y reforzó esa posición con otra definición de alto voltaje político: "La soberanía no se negocia ni se entrega".
Mientras tanto, organizaciones políticas y sociales ya preparan una movilización frente al Congreso para el día de la votación, agregando presión a un expediente que dejó de ser exclusivamente jurídico para convertirse en un conflicto político.
En la Casa Rosada el cálculo probablemente siga siendo el mismo: avanzar aun cuando el costo sea alto. El interrogante es otro. Hasta dónde conviene librar una batalla cuyo beneficio económico todavía deberá demostrarse mientras el costo político ya empezó a medirse en las encuestas. Porque en política hay proyectos que se caen por falta de votos y otros que comienzan a resquebrajarse cuando el clima social deja de empujarlos. Y los números que hoy preocupan al oficialismo no están en el tablero del Senado: aparecen primero en la opinión pública.
