Patricia Bullrich llegó al miércoles con una certeza incómoda: si insistía con la reforma a la Ley de Extranjerización de Tierras, podía perder la votación y hacer volar por el aire toda la sesión del Senado. No hubo épica libertaria, motosierra ni batalla cultural. Hubo poroteo, llamados urgentes y retirada. El capítulo más sensible del proyecto impulsado por Federico Sturzenegger fue eliminado a último momento para evitar una derrota completa.
La caída no fue producto de una rebelión opositora aislada. El problema nació dentro del propio esquema de alianzas que sostiene al Gobierno. Los gobernadores Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua, habitualmente dispuestos a negociar con la Casa Rosada, hicieron público su rechazo. A ellos se sumaron tres senadores radicales, la cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del peronismo y la salteña Flavia Royón, que terminó alejándose del acuerdo.
La cuenta daba mal. Al oficialismo le faltaban cuatro votos para evitar que el capítulo fuera rechazado. Después de dieciséis versiones, cuatro postergaciones y una propuesta que llegó a elevar al 25% el límite permitido de tierras rurales en manos extranjeras, la reforma terminó fuera del recinto. No por convicción, sino por supervivencia.
Villarruel esperaba el empate
El escenario era todavía más áspero para Bullrich. En caso de empate, Victoria Villarruel estaba lista para votar en contra. La vicepresidenta había cuestionado la iniciativa desde el comienzo y el vínculo con el bloque libertario volvió a tensarse por la convocatoria formal a la sesión, presentada como continuación del cuarto intermedio iniciado el 16 de julio.
La imagen política era devastadora: el Gobierno podía quedar derrotado por la oposición, por gobernadores aliados y por su propia vicepresidenta. Todo en la misma votación. Demasiados cuchillos para una sola espalda.
La última redacción mantenía la prohibición para que Estados extranjeros compraran tierras rurales, pero abría una puerta para empresas con participación estatal extranjera. Esas operaciones podían autorizarse con el visto bueno conjunto de la provincia involucrada y del Poder Ejecutivo Nacional. El maquillaje jurídico no alcanzó. Los senadores entendieron que la puerta seguía abierta, aunque ahora tuviera dos cerraduras.
Bullrich había defendido la reforma apenas un día antes y había calificado la ley vigente como un mecanismo pensado para beneficiar a supuestos amigos de Máximo Kirchner. Veinticuatro horas después, tuvo que retirar el capítulo para conservar la sesión. En política, la firmeza suele durar exactamente lo que tarda en aparecer una planilla con números adversos.
El resto del proyecto sigue en pie. Incluye cambios en expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y Registro de la Propiedad Inmueble. El Gobierno busca acelerar pagos indemnizatorios, facilitar recuperaciones de inmuebles y modificar las restricciones sobre el uso de terrenos incendiados. Cada punto guarda su propio conflicto y todavía necesita votos.
La movilización convocada frente al Congreso se realizará igual. Organizaciones sociales, referentes culturales y artistas decidieron mantener la protesta porque interpretan que el retiro del capítulo de tierras no desactiva el resto de la iniciativa.
Bullrich logró salvar la sesión, pero pagando el precio que más cuesta admitir en la Casa Rosada: retroceder antes de combatir.
