Parecía una operación mínima, casi invisible. Un hombre bajó de un Volkswagen Gol, esperó el momento justo y cambió el Posnet de una estación de servicio por otro dispositivo. Nadie gritó, no hubo armas ni vidrios rotos. Pero desde ese instante, cada cliente que pagaba combustible podía estar enviando su dinero a una cuenta que no pertenecía a la empresa. Cuando finalmente alguien miró los números con atención, faltaban unos $38 millones.
La causa comenzó a principios de mayo, después de que representantes de la firma petrolera detectaran el desfasaje y presentaran la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. A partir de allí empezó un trabajo bastante menos cinematográfico que el movimiento inicial, pero decisivo: revisar cámaras, seguir cuentas bancarias y reconstruir el recorrido del dinero.
Las imágenes de seguridad permitieron observar la secuencia que ahora forma parte de la investigación. Según la hipótesis judicial, uno de los sospechosos aprovechó una distracción del playero para sustituir el terminal de cobro. El dispositivo quedó funcionando durante un tiempo suficiente como para que los pagos electrónicos comenzaran a desviarse sin despertar sospechas inmediatas.
El fraude no estaba en el surtidor ni en el precio del combustible. Estaba escondido en ese gesto automático que cualquiera hace varias veces por semana: apoyar una tarjeta, esperar la confirmación y seguir viaje.
Del Posnet a las cuentas bancarias
La Dirección de Investigaciones Delitos Económicos siguió el movimiento de los fondos hasta distintas cuentas receptoras. Esa trazabilidad permitió avanzar sobre cuatro personas que quedaron detenidas: Guillermo Sergio Carrizo, de 42 años; René Brandan Rodrigo Maximiliano, de 36; José Agustín Gauna, de 26; y Florencia Alcaraz, de 29.
De acuerdo con la investigación, los cuatro aparecen vinculados como titulares de cuentas hacia las que habrían sido derivados los pagos. Esa circunstancia constituye una pieza central de la causa, aunque será ahora la Justicia la que deberá determinar el grado de participación concreto de cada uno en la maniobra.
Los procedimientos incluyeron cuatro allanamientos en domicilios del partido de Almirante Brown. Allí fueron secuestrados seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. Los investigadores buscarán comunicaciones, contactos y movimientos capaces de establecer si existieron otras personas involucradas y cómo se organizó el circuito financiero.
La causa está en manos de la UFIJ N° 8, dirigida por la fiscal Verónica Pérez, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Nicolás Schiavo.
El expediente todavía tiene camino por recorrer. Una cuenta que recibe dinero no explica por sí sola toda una organización, del mismo modo que una imagen de una cámara puede mostrar un movimiento pero no necesariamente toda la trama que lo rodea. Por eso los teléfonos, las operaciones bancarias y la secuencia completa de los pagos serán claves para determinar responsabilidades.
El caso también deja una fotografía bastante precisa de cómo cambió cierta delincuencia económica. No siempre hace falta entrar encapuchado a un comercio ni forzar una caja fuerte. Una terminal de cobro reemplazada durante unos segundos puede convertirse en la puerta de entrada para desviar millones antes de que alguien advierta que algo no cierra.
En San Martín, aquella diferencia apareció finalmente en una cuenta contable. Después llegaron las cámaras, los allanamientos y las detenciones en Almirante Brown. Entre una cosa y la otra quedaron cientos de pagos cotidianos realizados por personas que simplemente cargaron combustible y siguieron viaje. A veces el delito más efectivo no es el que hace más ruido, sino el que consigue parecer parte de la rutina.
