En Virrey del Pino hay vecinos que llevan casi dos décadas haciendo algo elemental: preguntando qué respiran. La respuesta, aseguran, nunca llegó acompañada de una solución definitiva. Ahora, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra Sika Klaukol denuncia que al histórico conflicto ambiental alrededor de la planta industrial se agregó una escalada judicial contra integrantes de la organización.
El reclamo tiene 17 años y una historia acumulada de presentaciones, estudios, enfermedades denunciadas y familias que atribuyen distintos problemas de salud a la exposición ambiental. En el centro aparece la planta de Klaukol, donde se elaboran adhesivos para cerámicos y porcelanatos, pastinas, morteros y otros productos utilizados por la construcción.
Susana Aranda, referente de la Asamblea, sostiene que el problema ya no se limita a aquello que sale de la planta. Según denunció, vecinos que participan de la organización quedaron involucrados en actuaciones judiciales que interpretan como una forma de presión sobre quienes mantienen vivo el conflicto.
"Estamos pidiendo que dejen de matarnos, nada más y nada menos", afirmó Aranda al describir la situación que atraviesa el barrio. Y fue todavía más lejos respecto del recorrido institucional de las denuncias: "No hemos recibido justicia, al contrario: somos perseguidos, somos amenazados. Acá está metido el poder político y el poder judicial muy en convivencia".
La gravedad de semejante acusación obliga a separar los planos. Las responsabilidades penales o administrativas deberán establecerlas los organismos competentes. Pero existe un hecho político difícil de esquivar: después de 17 años, una comunidad continúa reclamando respuestas sobre las condiciones ambientales del lugar donde vive.
Diecisiete años preguntando qué hay en el aire
El corazón del conflicto está en las partículas y sustancias que los vecinos aseguran respirar cotidianamente. La Asamblea denuncia emisiones de polvo y material fino procedentes de la actividad industrial y vincula esa exposición con afecciones respiratorias, dermatológicas, renales y enfermedades oncológicas registradas entre habitantes de la zona.
Aranda utiliza una imagen brutal para describir aquello que, según sostiene, ocurre alrededor de la planta: "Respiramos vidrio molido". La referencia apunta a la sílice cristalina, material cuya exposición respiratoria prolongada es reconocida internacionalmente como un riesgo laboral y sanitario.
Eso, sin embargo, no permite atribuir automáticamente cada enfermedad del barrio a una fuente determinada: establecer causalidad exige estudios epidemiológicos y ambientales específicos.
La Asamblea afirma contar con antecedentes técnicos que respaldan parte de sus denuncias y menciona estudios en los que participaron organismos científicos, entre ellos el CONICET. También sostiene que un relevamiento realizado por una organización suiza detectó cicatrices pulmonares entre las personas examinadas. Son elementos que, por la gravedad de lo denunciado, requieren algo más que quedar archivados: necesitan evaluación pública, seguimiento sanitario y respuestas institucionales verificables.
Uno de los casos que los vecinos colocan como símbolo del conflicto es el de Nadia Carabajal. Según relató Aranda, la joven recibió un trasplante renal y tres peritos determinaron que no debía permanecer en el barrio debido a las condiciones ambientales. Fue trasladada durante tres años, pero posteriormente regresó a vivir a la zona.
La referente también relató la situación de su nieta, una niña con severos problemas respiratorios que, según su testimonio, debe limitar su exposición al exterior porque presenta reacciones que afectan su respiración.
Son historias individuales, pero la discusión excede cada caso. Cuando numerosos habitantes de un mismo territorio denuncian durante años enfermedades y exposición a contaminantes, el Estado tiene una responsabilidad que comienza antes de determinar culpables: medir, controlar, publicar resultados y proteger.
Cuando reclamar también tiene un costo
Ahí aparece el segundo capítulo del conflicto. Los integrantes de la Asamblea sostienen que las actuaciones judiciales contra algunos vecinos pueden terminar funcionando como un mecanismo intimidatorio. No cuestionan solamente expedientes concretos: advierten sobre el efecto que produce judicializar a personas que llevan años enfrentándose a una empresa de enorme capacidad económica.
La asimetría es evidente. De un lado existe una compañía con estructura empresarial, asesoramiento profesional y recursos para sostener litigios. Del otro, vecinos que deben transformar parte de su vida cotidiana en expedientes, trámites, reuniones, estudios y reclamos para discutir qué ocurre alrededor de sus propias casas.
Eso no convierte automáticamente cualquier actuación judicial contra un manifestante en persecución. Pero obliga a las instituciones a extremar garantías. Una democracia puede investigar conductas concretas; lo que no puede permitir es que el costo de reclamar termine siendo tan alto que produzca silencio.
También existen afirmaciones de la Asamblea que requieren una investigación especialmente rigurosa. Aranda denunció la utilización de glifosato en determinados procesos industriales y habló de trabajadores fallecidos por cáncer.
Por su gravedad, esas acusaciones no deben convertirse en sentencia periodística sin documentación que establezca cada responsabilidad. Pero tampoco corresponde descartarlas como ruido vecinal. Precisamente porque son graves deben investigarse.
El problema de Virrey del Pino muestra una de las zonas más incómodas del desarrollo industrial: qué ocurre cuando producir, generar empleo y sostener actividad económica entra en tensión con el derecho de una comunidad a vivir en un ambiente saludable.
No debería existir contradicción entre ambas cosas. Una industria puede producir y una comunidad tiene derecho a exigir que lo haga dentro de límites ambientales estrictos. Para eso existen controles, legislación, organismos públicos, peritajes y Justicia.
Después de 17 años, los vecinos no deberían seguir dependiendo únicamente de su capacidad para organizarse y hacerse escuchar. Tampoco deberían cargar solos con la tarea de demostrar qué hay en el aire que respiran.
Virrey del Pino necesita respuestas que puedan medirse, contrastarse y ponerse sobre una mesa: controles ambientales independientes, información pública comprensible, seguimiento sanitario y garantías para quienes denuncian. Si Klaukol cumple con todas las normas, esos controles servirán para demostrarlo. Si existen incumplimientos, deberán determinarse responsabilidades y corregirse.
Porque hay conflictos que pueden esperar un expediente. Respirar no es uno de ellos.
