La protesta reúne a más de un centenar de instituciones de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza. La magnitud de la adhesión evidencia que no se trata de un problema aislado, sino de una crisis que atraviesa a buena parte del sistema privado de salud.
Los prestadores denuncian un desfase cercano al 120% entre la evolución de los aranceles y la inflación. La brecha acumulada impide cubrir adecuadamente los costos de las prestaciones y coloca a las instituciones en una situación de extrema fragilidad.
Todos los meses aumentan los medicamentos, los insumos descartables, los servicios y los salarios. Sin embargo, los valores abonados por el PAMI continúan retrasados y, además, son percibidos con demoras. La combinación de aranceles insuficientes y pagos tardíos volvió insostenible el funcionamiento cotidiano.
El ajuste no queda encerrado en los balances de las instituciones. Se expresa en mayores dificultades para conseguir turnos, programar estudios, garantizar camas y sostener determinadas prácticas médicas. También provoca una sobrecarga progresiva en las guardias y en los profesionales.
Los médicos y trabajadores de la salud son quienes enfrentan diariamente las consecuencias de este deterioro. Deben atender a una población especialmente vulnerable dentro de establecimientos que cuentan con recursos limitados y escaso margen de reacción.
El agotamiento profesional se profundiza con cada jornada. La presión asistencial, la necesidad de cubrir más tareas y la incertidumbre sobre la continuidad de los servicios afectan tanto a los equipos como a la calidad de atención.
La suspensión de prestaciones es una decisión extrema, pero surge después de reiterados reclamos. No se puede exigir una atención de calidad mientras se obliga a las clínicas a trabajar por debajo de sus costos.
El PAMI debe asumir su responsabilidad. No actualizar los aranceles ni regularizar los pagos significa trasladar el ajuste hacia las instituciones, los trabajadores y, finalmente, los propios jubilados.
