Luis Caputo acaba de descubrir una vieja incomodidad de la economía real: cuando la demanda se enfría demasiado, el mercado no siempre se despierta solo. El ministro anunció un programa para movilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por ANSES, y canalizarlos hacia los bancos para financiar créditos hipotecarios. No es un plan masivo de viviendas ni pretende serlo. Es algo bastante más modesto y, políticamente, más curioso: una suerte de mini plan platita para sectores medios, financiado con recursos del sistema previsional y diseñado para hacer circular crédito.
El mecanismo busca resolver un problema concreto. Los bancos captan buena parte de sus depósitos a corto plazo, pero una hipoteca requiere prestar durante 15, 20 o 30 años. Esa diferencia dificulta generar crédito hipotecario a gran escala. Economía pretende utilizar al FGS como proveedor de fondeo de mayor duración mientras espera que aumente el ahorro dentro del sistema financiero.
El Fondo licitará colocaciones a uno y cinco años. Los bancos deberán pagar como mínimo UVA + 2,5% para el primer plazo y UVA + 4,5% para el segundo. A cambio, podrán utilizar exclusivamente esos recursos para créditos destinados a primera vivienda, con una tasa máxima de UVA + 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un techo de 150.000 UVA por préstamo.
El Estado vuelve a empujar donde el mercado no arranca
El dato político está escondido detrás de la ingeniería financiera. Un gobierno que construyó buena parte de su identidad alrededor del retiro estatal termina utilizando al FGS para corregir una falla que el mercado financiero no resuelve por sí mismo. No hay pecado económico en hacerlo. Lo llamativo es la distancia entre la liturgia y la gestión: cuando hay que conseguir hipotecas, hasta el liberalismo necesita una palanca pública.
Caputo calcula que el programa podría facilitar el acceso a la vivienda de unas 17.000 familias, suponiendo que los bancos financien aproximadamente el 70% del valor de cada inmueble.
También existe una barrera de entrada considerable. Según los números presentados por el propio ministro, un préstamo cercano a US$100.000 a 30 años implicaría inicialmente una cuota aproximada de $865.000 y exigiría ingresos familiares netos superiores a $3,4 millones. El destinatario no es el trabajador informal ni el hogar que llega arañando al día 25. Es una franja de clase media formal con capacidad de demostrar ingresos y absorber el riesgo de una deuda ajustada por UVA.
La iniciativa se complementa con la habilitación para que los bancos destinen hasta 15% de sus depósitos en dólares a préstamos para personas jurídicas. La apuesta oficial intenta así trabajar sobre las dos puntas: financiamiento para desarrolladores y crédito para compradores.
Pero detrás del programa aparece una señal más importante que sus 17.000 potenciales beneficiarios. El Gobierno necesita movimiento. La estabilización nominal puede ordenar variables financieras, pero una economía no vive solamente de balances fiscales. Necesita salarios capaces de comprar, empresas capaces de vender, familias dispuestas a consumir y crédito que transforme ingresos futuros en actividad presente.
Por eso este programa no dará vuelta por sí solo la microeconomía ni resolverá el acceso a la vivienda. Puede, en cambio, aceitar una rueda que viene girando con dificultad y enviar dinero hacia construcción, inmobiliarias, escribanías, servicios y consumo asociado.
