Un viaje cotidiano desde el Conurbano hacia la Ciudad terminó cambiando una vida para siempre. Una mujer que había subido al Belgrano Norte en Boulogne sufrió un intento de robo cuando el tren dejaba atrás Carapachay. Durante el ataque fue empujada fuera del vagón, cayó sobre las vías y sufrió lesiones de tal gravedad que los médicos debieron amputarle la pierna derecha. Once años después, la Justicia confirmó que Ferrovías deberá indemnizarla con $199,3 millones más los intereses acumulados desde el hecho.
El episodio ocurrió en marzo de 2015, alrededor de las 14.15. La pasajera viajaba hacia Retiro cuando un hombre intentó quitarle el teléfono celular. Hubo un forcejeo y, mientras la formación continuaba en movimiento, la mujer terminó cayendo por una puerta que permanecía abierta.
La caída fue devastadora. Quedó sobre las vías y fue arrastrada varios metros. Después llegaron la internación prolongada, distintas operaciones y finalmente la amputación. El daño no terminó con el alta médica: una lesión de esas características modifica la movilidad, la autonomía y prácticamente cada aspecto de la vida cotidiana.
El responsable del asalto fue posteriormente detenido y condenado en el expediente penal. Pero quedaba abierta otra pregunta: qué responsabilidad tenía la empresa encargada de transportar a esa pasajera.
La mujer inició entonces una demanda civil contra Ferrovías.
La puerta abierta cambió el sentido del fallo
La empresa sostuvo durante el proceso que la caída se había originado en la conducta de un tercero y que el intento de robo constituía un acontecimiento que escapaba a su responsabilidad.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó, sin embargo, el criterio de primera instancia. Para los jueces hubo un elemento central que impedía separar completamente el delito de las condiciones en las que se prestaba el servicio: el tren circulaba con una de sus puertas abiertas.
Durante el expediente también quedó establecido que la formación había partido sin que el guarda verificara previamente el cierre de las puertas. En ese momento, además, no había custodia policial dentro del tren.
La Cámara entendió que los robos en servicios ferroviarios no podían considerarse un fenómeno absolutamente excepcional o imposible de anticipar. Sobre esa base sostuvo que la concesionaria debía adoptar medidas razonables de seguridad y, especialmente, cumplir con una obligación elemental del transporte de pasajeros: llevar a una persona hasta destino sin exponerla a riesgos evitables.
La indemnización reconocida refleja la dimensión de las consecuencias. Del total de $199,3 millones, $95 millones fueron establecidos por las secuelas físicas y psicológicas. Otros $65 millones corresponden al daño moral y $8 millones a gastos médicos y traslados.
La sentencia incorporó además alrededor de $31 millones destinados a prótesis, tratamientos y asistencia futura. A esas cifras deberán agregarse los intereses generados desde el accidente, por lo que el monto efectivo terminará siendo superior.
El fallo también deja una enseñanza que excede este expediente. Que exista un delincuente responsable de un ataque no necesariamente libera de responsabilidad a quien debe garantizar condiciones básicas de seguridad durante un viaje. Una puerta abierta en un tren en movimiento puede parecer una falla operativa hasta que alguien cae por ella.
Para miles de vecinos de Boulogne, Carapachay y el norte del Conurbano, el Belgrano Norte no es una abstracción judicial: es el tren para ir a trabajar, estudiar, hacer un trámite o regresar a casa. Por eso la seguridad ferroviaria se mide en esas rutinas que deberían terminar sin noticia.
Ninguna suma puede devolverle a aquella pasajera la vida que tenía antes de subir al tren. La reparación judicial llega once años después. Al menos deja algo establecido: viajar en transporte público no debería significar aceptar como inevitable aquello que podía prevenirse.
