Luis Caputo eligió el Día de la Industria para llevar la discusión al terreno moral. Frente a las críticas de la UIA, el ministro sostuvo que su obligación es defender a los argentinos de productos nacionales que, según afirmó, pueden costar dos, tres o cuatro veces más y ofrecer menor calidad. Traducido al programa económico: si una fábrica local no puede competir, la apertura debe permitir que el consumidor compre afuera. La pregunta incómoda es contra quién se la obliga a competir.
Porque una parte creciente de esa competencia llega desde China. La República Popular es gobernada por el Partido Comunista, pero construyó una de las mayores potencias exportadoras mediante una combinación de mercado, planificación estatal, crédito, infraestructura, escala y política industrial.
Caputo defendió además una economía a dos velocidades. Su tesis es que el crecimiento llegará de las exportaciones y que Argentina castigó a sectores capaces de generar divisas. Energía, minería y agro aparecen entre los ganadores de esa reasignación.
El argumento tiene lógica: un país necesitado de dólares debe exportar más. Pero conseguir divisas no resuelve por sí solo qué estructura productiva queda detrás. Y esa diferencia importa.
Competir no es simplemente abrir la puerta
Una economía puede exportar más petróleo, gas, minerales y productos agropecuarios mientras pierde densidad manufacturera. Puede mejorar su balanza externa y, al mismo tiempo, sustituir producción local por bienes terminados importados.
Por eso la crítica oficial a los industriales tiene una parte válida y otra que evita la cuestión central. Ninguna empresa argentina merece protección eterna para vender caro, producir mal o vivir de una renta regulatoria. Pero una industria competitiva tampoco aparece espontáneamente por someter fábricas debilitadas a productores extranjeros que operan con otra escala, financiamiento y respaldo estatal.
China es el ejemplo incómodo. El Gobierno puede combatir al comunismo en los discursos y comprarle manufacturas en los puertos. Beijing no exige certificado ideológico para vender. Produce, financia, exporta y ocupa mercados.
Caputo plantea que cada sector debe encontrar su lugar según sus ventajas. El problema político es qué ocurre con quienes quedan afuera. Una fábrica no es solamente el balance de su dueño: alrededor existen trabajadores, proveedores, transportistas, comercios y ciudades cuya economía depende de esa actividad.
El dilema argentino no debería ser elegir entre cerrar la economía o entregar el mercado interno. Debería ser construir productividad: crédito, infraestructura, logística, impuestos razonables, tecnología, escala y exigencias de eficiencia para quien reciba apoyo.
Si después de eso una empresa no puede competir, la discusión será otra. Pero abrir primero y preguntar después puede producir precios más baratos en algunas góndolas a cambio de máquinas apagadas en los parques industriales.
La ironía final es difícil de evitar. El Gobierno más declaradamente anticomunista de la democracia argentina puede terminar usando productos chinos para disciplinar a la industria nacional. Caputo seguirá siendo liberal, por supuesto. Pero si el modelo consiste en dejar caer fábricas locales mientras las reemplazan manufacturas surgidas bajo la planificación de Beijing, alguien terminará saludándolo, con una sonrisa, como el camarada Toto.
