Podestá reclamó justicia por Agustina y volvió a cuestionar las políticas de género del distrito

La agresión contra Agustina Soledad Rodríguez sacudió a Pablo Podestá y convirtió la bronca privada en una escena pública. Familiares, amigas, vecinos y redes solidarias se concentraron frente a la comisaría 11 de Tres de Febrero para pedir justicia por la joven de 25 años, madre de una nena de 3, que permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro con pronóstico reservado.

El ataque ocurrió la noche del 27 de agosto. Según reconstruyeron sus allegados, un hombre la llamó por su nombre desde la puerta de su casa con la excusa de entregarle un paquete. Cuando Agustina se acercó, fue rociada con una sustancia corrosiva y el agresor escapó. Las lesiones comprometieron gravemente su rostro, su visión y sus pulmones.

La movilización fue pequeña en cantidad, pero enorme en significado para un barrio que ya conoce historias de violencia contra las mujeres. Hubo familiares que quieren saber quién atacó a Agustina, amigas que no aceptan que el caso se diluya y vecinos que acompañaron para que la investigación avance.

Entre quienes estuvieron presentes también hubo familiares de otras víctimas de femicidio y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. Sus intervenciones mezclaron experiencias personales con cuestionamientos a la respuesta institucional frente a la violencia de género. Más allá de las banderas, el reclamo fue sencillo: que la causa se esclarezca y Agustina no quede sola.

Una política de género bajo cuestionamiento

El caso vuelve a poner bajo la lupa la política de género de Tres de Febrero. Las críticas de familiares y organizaciones apuntan a la falta de acompañamiento, prevención y contención suficientes para mujeres que atraviesan situaciones de violencia. En un distrito donde estos episodios tienen nombre, hospital y familia, cualquier política pública que llegue tarde tiene consecuencias concretas.

La discusión no debería reducirse a una pelea entre oficialismo y oposición. Una política de género se mide por algo bastante menos discursivo: si una mujer sabe dónde pedir ayuda, si encuentra una respuesta rápida, si hay equipos capaces de acompañarla y si, después de un ataque, su familia no tiene que peregrinar para conseguir atención y respuestas.

Desde ese punto de vista, el balance que hoy exhibe Tres de Febrero es deplorable. No porque cada hecho violento pueda atribuirse mecánicamente al municipio, algo que sería irresponsable, sino porque la prevención y el acompañamiento forman parte de las obligaciones básicas de cualquier Estado local que convive con una problemática persistente.

La concentración en Podestá también recordó que detrás de cada expediente queda una comunidad intentando sostener a la víctima. La madre de una joven asesinada años atrás en la misma localidad acompañó a la familia y compartió su experiencia. Su presencia condensó un temor difícil de ignorar: que el tiempo pase, la atención pública se apague y la Justicia avance demasiado despacio.

Por eso los allegados de Agustina anticiparon que continuarán realizando acciones para mantener visible el caso. No buscan convertir su dolor en una consigna vacía. Buscan algo mucho más elemental: saber qué pasó, identificar al responsable y que la joven pueda atravesar su recuperación acompañada.

En el Conurbano, muchas veces la primera red de protección aparece antes en una vecina, una amiga, una docente o una familia que en una oficina pública. Esa solidaridad es valiosa, pero no puede reemplazar al Estado. Una comunidad puede abrazar, acompañar y hacer ruido. Las instituciones tienen que investigar, prevenir y cuidar. Agustina pelea por su vida. Tres de Febrero, mientras tanto, tiene que demostrar que frente a la violencia contra las mujeres puede ofrecer algo más que llegar después.