Su renuncia se oficializó mientras esa estructura atraviesa una reorganización y la Justicia recibió una denuncia de Marcela Pagano por presuntas irregularidades.
En octubre de 2023, María Belén Agudiez ocupaba el quinto lugar de la lista de concejales de La Libertad Avanza en Escobar. Tres meses después ya estaba sentada en otra liga: Javier Milei la designó subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, el área conducida por Karina Milei.
Este lunes, el Gobierno oficializó su renuncia. Entre aquel salto desde la política municipal y su salida quedaron su responsabilidad sobre áreas vinculadas con la Quinta de Olivos, una reorganización interna, funcionarios desplazados y una denuncia que ahora deberá investigar la Justicia.
El Decreto 1055/2026 es bastante menos conversador. Acepta la renuncia de Agudiez desde el 20 de septiembre, agradece los servicios prestados y no explica por qué se va. Tampoco vincula su salida con las denuncias conocidas durante las últimas jornadas. Ese límite importa: la coincidencia temporal existe; la relación causal, hasta ahora, no está establecida oficialmente.
La trayectoria política ayuda a dimensionar el movimiento. En 2023 Agudiez integró la boleta libertaria encabezada en Escobar por Eduardo Gianfrancesco. LLA consiguió tres concejales y ella, quinta en la nómina, terminó entre los suplentes electos. El 2 de enero de 2024 ya había sido nombrada subsecretaria mediante el Decreto 17/2024. Del Concejo Deliberante que no llegó a integrar pasó directamente a una estructura de Presidencia.
Una oficina con Olivos debajo
El cargo tenía bastante más contenido que el título burocrático podía sugerir. El organigrama oficial ubicaba bajo la Subsecretaría de Planificación General áreas vinculadas con patrimonio, infraestructura, servicios generales y la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. Entre sus competencias también figuraban tareas sobre las residencias presidenciales y la coordinación de traslados del Presidente junto con Casa Militar.
Ahí aparece Osvaldo Javier Sosa. Milei lo había designado administrador general de Olivos y el propio organigrama estatal lo colocaba dentro de la estructura encabezada por Agudiez. Su desplazamiento durante la reciente reorganización de la Quinta precedió a la renuncia de la subsecretaria.
El Gobierno también avanzó sobre personal civil y amplió la intervención de Casa Militar en el funcionamiento de la residencia. La explicación oficial vinculó los cambios con cuestiones de seguridad y organización. En paralelo aparecieron versiones sobre filtraciones internas. Y después llegó la Justicia.
La denuncia que agregó otra dimensión a la salida
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento y las contrataciones de Olivos. Entre sus señalamientos aparecen la provisión de alimentos, un emprendimiento privado de catering denominado "Pancitos Caseros", servicios de jardinería y proveedores de Presidencia. Son acusaciones de la legisladora que deberán ser investigadas y que hasta ahora no constituyen hechos probados judicialmente.
Pagano también relacionó públicamente a integrantes de la familia Agudiez con algunas de esas actividades y sostuvo que existieron maniobras con recursos estatales. Otra denuncia previa sobre contrataciones de jardinería aparece identificada como CFP 2273/2026. La Justicia deberá establecer qué parte de esa documentación tiene sustento, quién tomó las decisiones administrativas cuestionadas y si existió algún delito.
La estructura administrativa, al menos, permite hacer preguntas concretas sin convertir sospechas en condenas. Agudiez estaba al frente de una subsecretaría de la que dependían áreas relacionadas con Olivos. Sosa figuraba debajo de esa estructura. Karina Milei estaba arriba, como secretaria general de la Presidencia. Esa cadena jerárquica surge del propio organigrama estatal.
La salida de Agudiez deja dos historias corriendo al mismo tiempo. Una es política y empieza en Zona Norte: una candidata a concejal de Escobar que en cuestión de meses llegó a una subsecretaría nacional. La otra es institucional: una funcionaria que abandona ese puesto justo cuando la administración de Olivos está siendo reorganizada y parte de su funcionamiento llegó a tribunales.
El decreto resolvió una cuestión: Agudiez ya no está en el Gobierno. Lo demás recién empieza. La Justicia deberá determinar qué ocurrió con las contrataciones denunciadas y si existieron irregularidades. En Presidencia queda otra pregunta, bastante menos judicial: cómo una estructura sensible de Olivos cambió de manos en cuestión de días.
