No necesitaba hacer publicidad. Le alcanzaba con que confiara uno para que llegara el siguiente. Así creció el negocio de Pedro “Pepo” Ilincheta, también conocido como “Peter”, dentro de un círculo de amigos y conocidos, varios vinculados a un country de Pilar. La propuesta era simple: entregar dólares para invertir en criptomonedas, obtener buenos rendimientos y retirar el dinero cuando cada inversor quisiera.
Mientras las planillas mostraban ganancias, el negocio seguía sumando plata. Los inversores recibían capturas con rendimientos que parecían confirmar que todo marchaba bien. Algunos volvieron a aportar. Otros recomendaron la inversión entre personas de su propio entorno.
El problema empezó cuando quisieron recuperar los fondos.
Ahí llegaron las demoras, las postergaciones y las explicaciones. Lo que hasta entonces figuraba como números positivos en una pantalla empezó a convertirse en reclamos concretos por dólares que no aparecían.
La causa terminó con una condena de tres años y dos meses de prisión por 14 hechos de estafa, dictada por el Juzgado en lo Correccional N.º 2 de San Isidro, a cargo de la jueza María Emma Prada. Ilincheta continuará con arresto domiciliario y tobillera electrónica hasta que la sentencia quede firme.
Cuando las ganancias estaban en Excel
La cifra también cambió cuando el caso dejó el terreno de las promesas y pasó por una pericia contable.
La denuncia original estimaba un perjuicio cercano a USD 277 mil, pero ese cálculo incluía ganancias que los inversores esperaban cobrar. El dinero efectivamente entregado fue establecido en USD 100.628,91.
De ese total, unos USD 46.847 habrían sido transferidos a cuentas de Binance y otros USD 53.781 fueron entregados por distintas vías. La plataforma aparece sólo como canal por donde pasó parte del dinero; la causa no la vincula con la maniobra.
Hay un contraste más fuerte. En las planillas, cada inversor parecía tener una ganancia identificada. En la pericia, en cambio, no aparecieron subcuentas separadas que permitieran seguir con precisión qué fondos correspondían a cada uno.
Los especialistas tampoco pudieron establecer el destino final de todo el dinero ni determinar cuánto habría retirado personalmente Ilincheta.
Durante el juicio, el condenado sostuvo que realmente operaba con criptomonedas y contratos de futuros. Negó haber armado deliberadamente una maniobra para captar dinero, afirmó que también sufrió pérdidas y aseguró que siempre tuvo intención de devolver los fondos.
El tribunal no consideró esa explicación suficiente para apartarlo de los 14 hechos por los que terminó condenado.
La sentencia puede abrir además otra investigación. La jueza ordenó analizar el eventual papel de María Cecilia Cabeza, madre de Ilincheta. Un damnificado declaró que ella retiró USD 4.000 que debía entregar al acusado; otro señaló transferencias por unos $450 mil a cuentas de Mercado Pago vinculadas a ella y a una hermana del condenado. También se detectaron movimientos de criptomonedas entre una cuenta de Ilincheta y otra registrada a nombre de su madre.
Esos movimientos no prueban por sí solos una participación delictiva. Por eso la orden judicial es investigar. Durante meses, las ganancias estuvieron visibles en planillas. El problema apareció cuando los inversores dejaron de mirar el Excel y pidieron recuperar los dólares. Ahí empezaron las explicaciones. Después llegó la causa penal.
