La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro concedió el recurso de Casación presentado por la defensa de trabajadores y SUTNA contra la resolución del 17 de septiembre y le dio efecto suspensivo. En términos simples, el lanzamiento no puede ejecutarse mientras el Tribunal de Casación bonaerense revisa la medida.
El desalojo no fue anulado definitivamente. Pero la resistencia consiguió impedir que se ejecutara ahora.
Y eso, después de siete meses de ocupación, guardias y reclamos, es un triunfo parcial de los trabajadores.
La orden anterior había colocado el conflicto a horas de un posible desenlace por la fuerza. Durante los días siguientes se reforzaron las guardias, hubo presentaciones judiciales, actividades frente a la planta y una delegación del sindicato llegó hasta los tribunales de San Isidro para reclamar que el lanzamiento fuera revisado.
La apelación produjo finalmente un resultado concreto: FATE no recuperará por ahora el establecimiento mediante el desalojo.
La fábrica dejó de producir, pero el conflicto no terminó.
FATE no cerró en un vacío económico. Lo hizo bajo un programa nacional de apertura comercial que amplió el ingreso de neumáticos importados justamente cuando la industria local enfrentaba una demanda más débil. La propia empresa incluyó el crecimiento de las importaciones entre las causas de su decisión. En 2025, las importaciones del sector habían aumentado con fuerza y la competencia de productos asiáticos pasó a ocupar un lugar central en la explicación empresaria del cierre.
Eso no significa que Javier Milei haya decidido el cierre de FATE. Sí que la empresa tomó esa decisión dentro de un esquema económico cuya apertura importadora ella misma señaló como una de las variables que volvieron inviable su producción local.
Mientras 920 trabajadores recibían la noticia del cierre, dentro del mismo grupo empresario ya se había movido una pieza importante del patrimonio.
Según la comunicación empresaria, esa superficie ya era utilizada por Aluar y no comprendía el área de producción de neumáticos. Allí existen oficinas, instalaciones administrativas y sectores con potencial para logística y almacenamiento energético. La operación no prueba que todo el predio vaya camino a convertirse en un negocio inmobiliario.
Pero muestra algo concreto: mientras la producción de neumáticos desaparecía, una parte relevante de las tierras comenzaba a tener otra función económica.
Y eso vuelve más importante una pregunta que sigue abierta: qué ocurrirá con el resto de las aproximadamente 40 hectáreas si FATE nunca vuelve a fabricar.
Los trabajadores también llevaron esa discusión a la política bonaerense. El SUTNA impulsa un proyecto de ocupación temporaria para preservar las instalaciones, la producción y los puestos de trabajo. Hasta ahora esa iniciativa no produjo una salida concreta. Ahí también aparece una contradicción.
El gobierno de Axel Kicillof denuncia públicamente el proceso de desindustrialización, pero siete meses después del cierre todavía no logró convertir ese diagnóstico en una solución para FATE. Los trabajadores reclaman desde hace meses una intervención provincial que permita sostener la actividad y evitar que el conflicto termine únicamente en indemnizaciones y venta de activos.
El Gobierno nacional defiende la apertura y la competencia importadora. La empresa cerró y comenzó a reorganizar parte de sus activos. La Provincia todavía no encontró una salida productiva. Los trabajadores hicieron otra cosa: se quedaron. Ese dato modificó materialmente el conflicto.
Si la planta hubiera quedado vacía en febrero, hoy la discusión probablemente giraría alrededor de indemnizaciones, juicios y destino patrimonial.
La permanencia mantuvo adentro de la discusión las máquinas, los salarios, los empleos y la posibilidad de que FATE vuelva a ser pensada como fábrica.
El fallo de este martes no reabrió la planta ni devolvió los 920 puestos.
Hizo algo previo y decisivo: impidió que siete meses de conflicto terminaran con un desalojo. Siete meses después, los trabajadores siguen adentro.
Y mientras sigan ahí, Milei, Madanes y la Provincia tendrán que seguir respondiendo por la misma pregunta que el cierre quiso clausurar en febrero: qué pasa con los salarios, los empleos, la producción y uno de los mayores predios industriales del norte del Conurbano.
