La gestión de Ramón Lanús eligió destacar un indicador de su sistema de seguridad: el 77,6% de las comunicaciones vinculadas con el área ya ingresa por canales municipales. Sin embargo, la violenta entradera sufrida por el abogado Guillermo Cabanellas y su esposa en Martínez obliga a discutir algo más que la cantidad de mensajes recibidos. Obliga a preguntar qué capacidad tiene ese sistema para prevenir un asalto y actuar mientras está ocurriendo.
El matrimonio fue sorprendido dentro de su vivienda por cuatro delincuentes. Cabanellas fue atado y golpeado en el rostro y debió recibir atención médica. Los asaltantes escaparon con dinero, teléfonos y una camioneta. Según informó la agencia Noticias Argentinas, un vecino avisó al Centro de Operaciones Municipal mientras los ladrones todavía estaban dentro de la casa, pero estos lograron huir.
Ese dato merece una explicación de la administración municipal. ¿Cuándo ingresó el aviso? ¿Cuánto demoró la llegada de los móviles? ¿Qué seguimiento pudo realizarse y qué dificultades impidieron interceptar a los delincuentes? La información publicada no permite reconstruir esos tiempos ni determinar si hubo una demora. Precisamente por eso, corresponde que la gestión los esclarezca.
En la comunicación difundida por el Municipio se destaca que Ojos en Alerta supera los 25.000 adheridos y permite enviar mensajes, audios, imágenes y ubicaciones al sistema municipal. También se informan más de 100 operativos diarios y controles sobre unas 800 personas y 400 vehículos. Son cifras que describen recursos y actividad, pero que, por sí solas, no permiten conocer cuánto disminuye el riesgo de sufrir un robo.
El 77,6% mide por dónde ingresan las comunicaciones; no mide cuántos delitos se evitaron. Confundir ambos planos puede producir una imagen favorable de la gestión sin ofrecer una evaluación suficiente de sus resultados.
Para los vecinos, la eficacia de la seguridad se juega en situaciones concretas: poder dormir en sus casas, circular por sus barrios y recibir una intervención oportuna ante una emergencia. El crecimiento de una herramienta de comunicación puede contribuir a ese objetivo, pero necesita acompañarse de información verificable sobre prevención, respuesta y resolución de los hechos.
La investigación del asalto tuvo avances: tres sospechosos fueron detenidos en procedimientos realizados en Pilar. Según la información publicada, uno está señalado como presunto autor material y dos mujeres son investigadas por operaciones realizadas con tarjetas y cuentas sustraídas. Las detenciones constituyen un avance relevante, aunque no eliminan las preguntas sobre lo sucedido durante el robo.
Un hecho aislado tampoco alcanza para demostrar que aumentó el delito en todo San Isidro. Pero sí justifica exigir una explicación específica sobre la intervención y revisar qué aspectos de la prevención pueden mejorarse. La responsabilidad política de Lanús incluye rendir cuentas sobre los recursos municipales, su funcionamiento y su coordinación con las fuerzas de seguridad.
La gestión debería acompañar sus anuncios con datos comparables sobre robos, tiempos efectivos de llegada, intervenciones y resultados. En el comunicado sobre los canales municipales, esa evaluación no aparece: el eje está puesto en la adhesión vecinal y el volumen de comunicaciones.
La entradera de Martínez deja una exigencia concreta para el intendente: explicar cómo respondió el sistema ante ese aviso y qué medidas se tomarán a partir de lo ocurrido. La participación de los vecinos es valiosa. La obligación de convertir esa colaboración en una respuesta eficaz sigue estando en manos de quienes gobiernan.
