En un allanamiento en Bella Vista se secuestraron siete armas, municiones, celulares, dinero y un Volkswagen Vento. Asuntos Internos abrió sumarios y los agentes fueron pasados a disponibilidad.
La causa empezó el 11 de julio con una casa de Villa Bosch violentada y un Volkswagen Vento registrado por cámaras de seguridad.
Casi tres meses después, ese mismo vehículo llevó a los investigadores hasta dos sospechosos con una particularidad que cambió la dimensión del expediente: ambos pertenecían a la Policía Federal Argentina y cumplían funciones administrativas dentro de su estructura de Inteligencia.
Los detuvieron en San Miguel cuando se disponían a abordar el auto que la investigación vinculaba con el robo ocurrido en una vivienda de Segundo Sombra al 5500, cerca de la estación Villa Bosch. La Policía Bonaerense había llegado hasta el Vento mediante cámaras, tareas de campo y seguimientos.
Según la hipótesis de la causa, durante el hecho habría intervenido además un segundo vehículo.
Después de las detenciones, la pesquisa avanzó sobre una propiedad de Moine al 800, en Bella Vista, de la que ambos acababan de salir. Allí se realizó un allanamiento que terminó con siete armas de fuego secuestradas, tres de ellas consideradas armas de guerra, municiones de distintos calibres, 2.400 dólares, 110 euros, teléfonos celulares, documentación y el automóvil investigado.
El procedimiento agregó elementos, pero también nuevas preguntas. Habrá que establecer quién era propietario de cada arma, si estaban registradas, si alguna tenía relación con una fuerza de seguridad y qué información contienen los teléfonos.
También deberá determinarse si el Vento aparece registrado en otros robos y quién utilizaba el segundo vehículo que habría participado del escruche de Villa Bosch.
La causa tuvo además un cambio de fiscalía. Inicialmente intervino la UFI N°10 de San Martín, cuando los autores todavía no estaban individualizados. Después de las detenciones, el expediente pasó a la UFI N°6, a cargo de Gabriela Belén Pino. Los dos policías quedaron imputados por robo agravado por su comisión en poblado y en banda con efracción.
La pregunta que empieza después de las detenciones
Hasta ahí hay una investigación penal por un robo y dos integrantes de una fuerza de seguridad acusados.
La pertenencia de ambos a una dependencia vinculada con Inteligencia agrega otro plano que todavía debe investigarse.
No existe por ahora información pública que demuestre que hayan utilizado bases de datos, teléfonos oficiales, información reservada o cualquier otro recurso de la Policía Federal para preparar los hechos que se les atribuyen. Precisamente por eso esa posibilidad debe ser revisada.
Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como D.G.P., de 45 años, y A.L.C., de 43. La investigación señala al primero como conductor del Vento y al segundo como acompañante. Ambos desempeñaban tareas administrativas dentro de la División Inteligencia.
Ese dato obliga a separar dos cuestiones: si participaron del robo y qué nivel de acceso tenían dentro de la institución.
Asuntos Internos de la PFA abrió sumarios administrativos y los dos agentes fueron pasados a disponibilidad mientras avanza su situación judicial. La medida los aparta preventivamente, pero todavía no permite saber si la auditoría interna detectó algún uso indebido de sistemas, dispositivos o información de la fuerza.
Ahí aparece uno de los puntos centrales del caso. Habrá que determinar qué accesos tenían asignados, si realizaban consultas en sistemas institucionales, qué dispositivos oficiales utilizaban, cuál era el armamento reglamentario que tenían declarado y si alguno de esos elementos guarda relación con lo secuestrado.
También será importante saber si existían antecedentes disciplinarios o sumarios previos. No se trata de presumir que los agentes utilizaron información policial para seleccionar viviendas. Se trata de comprobar si aquello que podían conocer por su trabajo tuvo o no alguna relación con los hechos investigados.
Un escruche exige elegir un domicilio y encontrar un momento en el que no haya moradores. Esa información puede surgir de vigilancia previa, contactos particulares o seguimientos realizados por fuera de cualquier estructura estatal. La Justicia deberá reconstruir qué ocurrió en Villa Bosch.
Los teléfonos y las cámaras pueden ampliar todavía más esa respuesta. Sus registros permitirán establecer recorridos, contactos y posibles vínculos con otros vehículos o personas. Las armas, por su parte, deberán ser sometidas a peritajes para determinar procedencia y eventuales coincidencias con otros episodios.
Por ahora hay dos integrantes de la Federal detenidos, un robo bajo investigación, un auto seguido a través de cámaras y siete armas secuestradas en Bella Vista.
La Justicia deberá probar si participaron del escruche y si hubo otros involucrados.
La Policía Federal tiene otra tarea puertas adentro: establecer qué accesos tenían esos dos agentes y si alguno de ellos tuvo relación con los delitos que ahora se les imputan.
Porque cuando los sospechosos trabajan dentro de un área sensible de una fuerza federal, el expediente deja de ser solamente policial. También pasa a ser una cuestión de control institucional.
