La cautelar tendrá una vigencia inicial de seis meses y obliga al organismo a informar en quince días qué medidas concretas adoptó.
La Autopista Presidente Perón vuelve a quedar bajo revisión judicial, pero esta vez la orden tiene algo que puede comprobarse directamente sobre el territorio: Vialidad Nacional deberá impedir el ingreso a los sectores que todavía no están habilitados y demostrar ante el juzgado cómo lo hizo.
La medida fue dictada por la Justicia Federal de San Martín en una causa iniciada a partir de un amparo de la Provincia de Buenos Aires. Además de reforzar barreras y señalización, el organismo nacional deberá corregir deficiencias específicas detectadas en sistemas de contención de sectores que ya se encuentran abiertos al tránsito.
Para Merlo, Ituzaingó y el resto del corredor Oeste, el fallo tiene un antecedente especialmente sensible.
En febrero, Isaías Luciano Rodríguez Vallejos, de 10 años, murió después de caer desde aproximadamente 15 metros de un puente de la autopista ubicado en Viedma y Vidt, en Mariano Acosta. El sector no estaba habilitado y el accidente dejó expuesta la posibilidad de acceder a una parte de la obra que formalmente debía permanecer fuera de uso.
El episodio fue incorporado entre los antecedentes presentados por la Provincia dentro del expediente. La cautelar no establece que Vialidad haya sido responsable de aquella muerte ni considera probado que toda la traza de la Presidente Perón esté abandonada. Sí reconoce la existencia de situaciones puntuales que requieren intervención y ordena adoptar medidas preventivas allí donde todavía existen sectores cerrados al tránsito.
Ese límite es importante.
La Provincia había planteado cuestionamientos más amplios sobre mantenimiento, seguridad, iluminación y continuidad de las obras. Vialidad Nacional respondió que durante 2026 realizó tareas de conservación, limpieza, señalización e iluminación y atribuyó distintos problemas pendientes a expropiaciones, relocalizaciones, ocupaciones e interferencias con servicios públicos.
La resolución no hizo suyo en su totalidad el diagnóstico provincial, pero tampoco consideró suficientes las respuestas de Vialidad en los puntos donde decidió intervenir.
Qué deberá mostrar Vialidad dentro de quince días
La consecuencia práctica es que la Presidente Perón deberá ser observada tramo por tramo.
En Merlo, una de las primeras preguntas es qué cambió después de la muerte de Isaías alrededor del puente de Mariano Acosta y si existen otros sectores de la traza donde todavía sea posible ingresar caminando, en moto o con vehículos pese a que no estén habilitados.
En Ituzaingó deberá hacerse la misma comprobación. La existencia de una resolución judicial no garantiza por sí sola que cada acceso quede efectivamente cerrado. Eso dependerá de las barreras colocadas, la señalización, el mantenimiento posterior y los controles que se realicen sobre esos puntos.
La orden también alcanza fallas concretas en zonas abiertas al tránsito. Vialidad deberá revisar los sistemas de contención observados y corregir los problemas que correspondan. Después tendrá que informar al juzgado qué sectores fueron intervenidos, qué tipo de cierre se instaló y qué medidas adoptó para reducir los riesgos señalados.
El informe que deberá presentar dentro de quince días puede convertirse así en el documento central de esta etapa.
Permitirá saber si la respuesta quedó limitada a colocar carteles y obstáculos en determinados accesos o si hubo una revisión más extensa de los lugares donde una obra inconclusa se conecta directamente con barrios y calles locales.
También permitirá comparar el papel con el terreno.
La Autopista Presidente Perón atraviesa municipios con situaciones muy diferentes. Hay sectores con altos niveles de avance, otros habilitados y partes que todavía siguen fuera de servicio. Esa convivencia genera un problema particular: una traza puede estar formalmente cerrada y, al mismo tiempo, permanecer físicamente accesible desde una calle lateral o un barrio cercano.
La cautelar tendrá una vigencia inicial de seis meses mientras continúa la causa principal, donde todavía se discuten cuestiones más amplias vinculadas con la continuidad de las obras y el futuro de la autopista.
Para Merlo, Ituzaingó y los demás municipios atravesados por la traza, sin embargo, el problema inmediato es más sencillo de medir.
Vialidad tiene quince días para informar qué hizo y seis meses de cautelar por delante. Después quedará una comprobación concreta: recorrer la Presidente Perón y verificar si los accesos que debían permanecer cerrados efectivamente lo están.
