Los trabajadores reclaman entre seis y nueve quincenas adeudadas, según cada caso, mientras siguen las guardias en el predio y la discusión por el futuro productivo de la planta.
El desalojo quedó suspendido, pero los trabajadores de FATE no se fueron. Después de más de siete meses dentro de la fábrica de San Fernando, la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro modificó uno de los frentes del conflicto, aunque dejó pendiente el problema que hoy vuelve a ocupar el centro de la protesta: los salarios que todavía reclaman como adeudados.
La Sala II concedió con efecto suspensivo el recurso de Casación presentado contra la orden de desocupación dictada el 17 de septiembre. El expediente pasó al Tribunal de Casación bonaerense y, mientras esa instancia no resuelva, el lanzamiento no puede ejecutarse.
Para quienes permanecen dentro de la fábrica, esa decisión permitió sostener la posición que mantienen desde el 18 de febrero, cuando FATE anunció el cierre de la planta y la desvinculación de unos 920 empleados. Evitar el desalojo, sin embargo, no significó recuperar los ingresos ni despejar qué ocurrirá con los puestos de trabajo.
Por eso la pelea volvió rápidamente al fuero laboral. El SUTNA se movilizó hasta el Juzgado Nacional del Trabajo N° 17, donde una delegación fue recibida para plantear la situación de los pagos pendientes. Su secretario general, Alejandro Crespo, sostuvo que una parte de los trabajadores acumula nueve quincenas sin cobrar y otro sector seis. El alcance exacto de esas deudas y la disponibilidad de los fondos forman parte de la discusión judicial y, por ahora, esos números corresponden a la posición del gremio.
El conflicto salarial viene de meses atrás. En marzo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había considerado vigente hasta el 30 de junio un acuerdo entre FATE y el sindicato que impedía despidos y establecía la continuidad de los pagos para quienes estaban comprendidos. Más adelante se dispuso un embargo cercano a los $3.000 millones en el marco de la disputa por el cumplimiento de esas obligaciones.
El desalojo quedó frenado, la deuda salarial no
La permanencia dentro de la planta continúa mientras esos expedientes avanzan. Trabajadores y familiares sostienen las guardias y mantienen presencia en distintos sectores del establecimiento, incluidos los puntos donde durante los días de mayor tensión hubo operarios sobre los techos ante la posibilidad de una intervención para ejecutar el desalojo. Lo inmediato sigue siendo cobrar.
Permanecer dentro de una fábrica cerrada puede impedir que el conflicto desaparezca de la agenda, pero no resuelve cómo llegan los ingresos a las familias mientras las causas judiciales continúan.
También sigue sin definirse el futuro productivo del establecimiento. El SUTNA y otros sectores que acompañan la protesta impulsan en la Legislatura bonaerense un proyecto de ocupación temporaria para preservar la planta y los puestos de trabajo. La iniciativa todavía depende de su tratamiento legislativo y no existe una definición sobre su eventual aprobación.
FATE, en paralelo, mantiene su reclamo para recuperar el inmueble y sostiene que la permanencia de los trabajadores dentro de las instalaciones es ilegítima. Esa discusión seguirá ahora ante Casación, separada del conflicto laboral por las remuneraciones.
Después de siete meses, el freno al desalojo resolvió una urgencia: evitó que los trabajadores fueran retirados de la planta mientras se revisa la orden judicial. No solucionó las quincenas reclamadas, no reabrió la fábrica y tampoco definió qué ocurrirá con el empleo.
Por eso la permanencia continúa. Después de conseguir quedarse dentro de FATE, la pelea inmediata volvió a algo mucho más básico: cobrar lo adeudado.
