El conflicto entre clínicas privadas y PAMI pasó de medidas regionales a una convocatoria de alcance nacional. CAPRESS, Salud Federal y Clínicas de la Patagonia anunciaron una suspensión de servicios para afiliados de la obra social los días 21 y 22 de octubre, después de varios meses de gestiones que, según las entidades, no alcanzaron una solución.
El antecedente más reciente citado por las cámaras se produjo a fines de agosto, cuando instituciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa suspendieron prestaciones programadas. La medida también se extendió, durante esa misma semana, a más de un centenar de clínicas y sanatorios del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza. En esos casos, de acuerdo con la gacetilla, se interrumpieron consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras se mantuvieron las guardias y emergencias.
Las entidades atribuyen el conflicto al desfasaje entre los aranceles y la evolución de los costos, a las demoras en los pagos y a las limitaciones que, sostienen, imponen los contratos de PAMI. También alertan sobre la derivación de cápitas a hospitales públicos. Según las cámaras, esa política puede trasladar más demanda a instituciones que ya están saturadas; esta afirmación corresponde al planteo del sector.
La convocatoria incluye cuatro pedidos: un modelo de atención que contemple las necesidades de los jubilados, valores acordes a los costos, regularización de pagos y fortalecimiento de las contrataciones con prestadores privados. Las cámaras consideran que la medida busca obtener una respuesta urgente y evitar que se profundice el deterioro de las prestaciones.
La discusión involucra una red extensa. Según los datos incluidos en la gacetilla, los prestadores privados suman más de 1.600 establecimientos con internación y más de 120.000 camas en el país. Las entidades sostienen que resolver el conflicto es necesario para preservar la atención de los afiliados de PAMI y la continuidad de los servicios de salud en general.
