
De la Torre quiere separar al conurbano, pero falta explicar quién paga
Joaquín de la Torre quiere llegar a la Gobernación bonaerense para transformar el territorio que aspira a administrar. El exintendente de San Miguel reiteró su intención de competir en 2027 y defendió una reorganización que retiraría a 27 municipios del conurbano de la órbita provincial.
Su propuesta apunta a establecer una relación directa entre esos distritos y el Gobierno nacional. También plantea dejar de cobrar Ingresos Brutos a comercios y pymes del territorio alcanzado. La definición combina una aspiración electoral con una promesa de alivio tributario, aunque en la entrevista no presentó una estimación fiscal que permita comprobar cómo se sostendría ese esquema.
El punto más débil del planteo aparece al pasar del organigrama a los servicios. Suprimir una instancia política no hace desaparecer los gastos en educación, salud, seguridad y justicia. Esas responsabilidades tendrían que conservar financiamiento, personal y una autoridad que responda por su funcionamiento.
La intervención municipal tampoco demuestra que la Provincia sea prescindible. Que una comuna compre patrulleros o repare una escuela permite discutir cómo se distribuyen las obligaciones; no alcanza para concluir que puede absorber el conjunto de las funciones provinciales.
La Provincia mantiene, por ejemplo, hospitales propios en el conurbano. El Mercante, en José C. Paz, y el Belgrano, en San Martín, integran esa red. Su existencia obliga a explicar qué ocurriría con establecimientos que atienden a vecinos de distintos municipios.
Las cuentas detrás de la promesa
En una explicación anterior, De la Torre sostuvo que la Nación giraría a los nuevos distritos los fondos para salarios docentes y de seguridad. También describió municipios con intendentes elegidos por sus vecinos, fuera de la estructura política bonaerense.
Ese diseño abre otro interrogante: qué autonomía efectiva tendrían las comunas si dependen de transferencias nacionales para afrontar gastos esenciales. Sin reglas de distribución, garantías y mecanismos de control definidos, cambiar la ventanilla que envía el dinero no asegura mayor capacidad de decisión local.
La reorganización también exige una explicación institucional. La Constitución nacional reconoce las instituciones provinciales y establece que cada provincia debe asegurar la autonomía municipal. La figura de los distritos que propone requiere, por lo tanto, precisar su encuadre jurídico y sus formas de representación.
De la Torre, además, conoce desde adentro el gobierno que cuestiona. En 2016 ingresó al gabinete de Vidal como ministro de Producción y luego condujo el Ministerio de Gobierno hasta diciembre de 2019. Ese antecedente vuelve pertinente preguntarle qué intentó modificar durante su gestión y por qué ahora considera necesario retirar al conurbano de esa estructura.
La propuesta consigue instalar una consigna electoral contundente. Para convertirse en una alternativa de gobierno, todavía debe responder una pregunta más exigente: cómo garantizar mejores servicios y menores impuestos sin trasladar los costos a los municipios ni volverlos más dependientes de la Casa Rosada.














