Milei pone terrenos de Tigre en la vidriera: ¿Negocio inmobiliario para pocos?

Más de seis hectáreas de tierras estatales, junto a uno de los principales polos turísticos de Tigre, quedaron en el centro de la política inmobiliaria del Gobierno nacional.

Una parcela ya integra la oferta de futuras ventas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Otra acaba de perder su afectación ferroviaria. La ubicación convierte esos movimientos administrativos en una decisión de peso sobre patrimonio público.

La cercanía con el Parque de la Costa, la estación Delta y los circuitos de acceso al Delta reúne atractivo turístico, conectividad y actividad comercial. Son condiciones que hacen especialmente relevante cualquier decisión de venta. El Estado conserva allí suelo estratégico: desprenderse de él exige explicar qué obtiene la sociedad y qué posibilidades de desarrollo entrega.

Por ahora, la ficha oficial del predio mayor anuncia una venta futura, pero no publica precio base, fecha de subasta ni condiciones. Tampoco identifica un comprador.

Dos parcelas, distinto avance

La superficie más extensa tiene 51.563,63 metros cuadrados y aparece en el catálogo de AABE bajo la categoría “Venta | Grandes proyectos urbanos”. Su identificación es “Parque de la Costa - Parte del Cuadro de Estación Delta”.

A ese antecedente se suma la Resolución 1852/2026 del Ministerio de Economía, que desafectó del uso ferroviario otros 9.247,14 metros cuadrados del cuadro de la estación. Las dos parcelas reúnen aproximadamente 60.810,77 metros cuadrados.

La medida más reciente permite considerar otros destinos para el terreno menor. No establece que ambos deban venderse juntos ni anuncia un emprendimiento específico. El avance comprobable combina una oferta futura de comercialización con la liberación ferroviaria de una superficie contigua.

Un terreno que ya tiene actividad privada

La documentación del predio mayor muestra que no se trata de una extensión vacía. El relevamiento incorporado a la Resolución 97/2025 de AABE identifica instalaciones del Parque de la Costa, Aquafan, el Teatro Niní Marshall y un estacionamiento de Trilenium.

También registra permisos precarios de uso a favor de Parque de la Costa y Trilenium, vigentes al momento de aquella resolución. La eventual venta deberá contemplar esa situación.

Hay otra condición relevante: el informe catastral señala una franja de quince metros desde las orillas de los ríos Luján y Tigre y del Canal Patiño que debe afectarse como calle o camino público. El destino de esas superficies involucra también la circulación y el acceso público.

Quién captura el valor

Que un terreno no sea necesario para la operación ferroviaria explica su desafectación de ese servicio. La conveniencia de venderlo requiere otra justificación: tasación, condiciones de competencia, usos permitidos y beneficio colectivo.

Ahí está el centro de la discusión. Una operación sobre tierras de esta ubicación puede abrir oportunidades muy rentables para quienes tengan capital para comprarlas.

Lo que todavía debe explicarse es qué gana Tigre y qué gana el Estado al perderlas.

La venta aún no se concretó. Precisamente por eso, el debate sobre ese patrimonio debe darse antes de que el precio y el comprador conviertan una decisión pública en un negocio cerrado.

¿Otro negocio a medida de IRSA?

Más de seis hectáreas junto al Parque de la Costa, la estación Delta y uno de los principales circuitos turísticos de Zona Norte constituyen una oportunidad que difícilmente pase inadvertida para las grandes desarrolladoras. La combinación de superficie, conectividad, actividad comercial y cercanía con los ríos reúne condiciones atractivas para empresas capaces de transformar una parcela estratégica en un proyecto de gran escala.

IRSA, el grupo que conduce Eduardo Elsztain, encaja en ese universo por su trayectoria en centros comerciales, entretenimiento y desarrollos de usos mixtos. Eso permite señalar una afinidad entre las características del lugar y su perfil de negocios.

Hasta ahora, sin embargo, no se identificó una expresión pública de interés de la compañía por estas parcelas, ni una oferta, un acuerdo o una adjudicación a su favor. Tampoco hay elementos para afirmar que las condiciones de una futura venta hayan sido diseñadas para beneficiarla.

La pregunta sobre un negocio “a medida” apunta, entonces, a cómo se organizará la operación. El tamaño de los lotes, el precio de entrada, las garantías exigidas y los usos autorizados pueden ampliar la competencia o dejarla al alcance de un grupo reducido de compradores. Esas condiciones todavía no fueron publicadas.

Allí deberá ponerse la lupa: quiénes se presentan, cuánto ofrecen y qué compromisos asumen. El Estado conserva tierras cuya ubicación tiene un valor estratégico evidente, aunque todavía no haya una tasación pública difundida. Antes de desprenderse de ellas, debe explicar por qué venderlas resulta más conveniente para la comunidad que conservarlas o destinarlas a otros usos. El eventual beneficio privado tendrá nombres; el beneficio público también deberá poder demostrarse.