La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunió con el bloque de diputados de Unión por la Patria y evaluaron que “el nuevo borrador de la Ley Ómnibus empeora la situación de los empleados públicos”, según indicó el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.
“Es sorprendente la manera de negociar que tienen los denominados diputados dialoguistas. Resulta que en el nuevo borrador la situación de los empleados públicos empeora. Hasta quieren prohibirle a los trabajadores participar en política. Se sigue obturando la democracia”, indicó el dirigente luego que se diera a conocer la nueva versión del proyecto, negociada entre el Gobierno y un grupo de legisladores, en la que se agregó un artículo que limita los derechos civiles de los trabajadores estatales.
Además, el sindicato respaldó el proyecto de ley redactado por legisladores de extracción sindical que prohíbe la privatización de empresas estatales y el traspaso de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional, y se manifestó el rechazo pleno al mega DNU y la Ley Ómnibus en su totalidad.
“Desde ATE hemos manifestado nuestro apoyo al proyecto de ley impulsado por los legisladores de extracción sindical. Tenemos que impedir que se privaticen las empresas estatales porque no es verdad que sean deficitarias. Además tienen un rol estratégico y soberano”, apuntó el referente estatal.
La iniciativa lleva la firma de los diputados Sergio Palazzo, Julia Strada, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Mario Manrique, Pablo Yedlin, Pablo Carro y Hugo Yasky.
En esta línea, Aguiar completó: “Compartimos el posicionamiento del bloque. El rechazo a la Ley Ómnibus debe ser pleno. No podemos caer en la trampa de que cada sector defienda sus propios intereses. Esta mega norma no sólo afecta a los estatales, también degrada las condiciones de vida de todo nuestro pueblo”.
Participaron del encuentro Germán Martínez, diputado por Santa Fe y presidente del Bloque UxP, y Paula Penacca, Diputada por CABA y Secretaria Parlamentaria del bloque, entre otros.
El proyecto cuestiona el artículo 9 de la Ley Ómnibus referido a la enajenación de la participación accionaria del Estado en empresas privadas en las que no tenga el ejercicio mayoritario; y el artículo 226 que detalla la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional.
