El Gobierno nacional anunció que impulsará el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como parte de la reducción de la estructura estatal y que sus funciones serán asumidas por el Ministerio de Justicia, que además absorberá al personal del ente que sea "idóneo, responsable y comprometido".
La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona ratificó el futuro cierre del organismo antidiscriminación e informó que "cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea".
Referentes de la oposición advirtieron que la medida solo puede llevarse a cabo por medio de una ley, la vía por la cual el organismo fue creado en 1995 (ley 24.515), y la cartera de Justicia respondió que "su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente".
La eliminación del Inadi estaba contemplada en el artículo 348 de la fallida Ley "Bases". Decía escuetamente: "Derógase la Ley N° 24.515".
Una de las reacciones más fuertes fue la de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que sostuvo que la medida "atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial".
"La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del Inadi, un verdadero ejemplo en el mundo", dijo.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que se estaban dando "los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo".
Expresó que la medida responde a uno de los "ideales del Presidente", que "es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos". Aseguró que "no podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones".
Adorni indicó que el Inadi, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y cuyo objetivo es elaborar políticas políticas públicas a nivel federal para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, "tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país".
Aclaró que el cierre no será inmediato y sostuvo: "Nos encantaría que esté cerrado hoy, pero eso no puede ocurrir por cuestiones administrativas. En varios casos será por decreto y en otros bastará con la decisión de cada ministerio. Lo iremos resolviendo instituto por instituto".
En tanto, Justicia precisó en un comunicado que las tareas del Inadi serán realizadas por esa cartera, que cuenta "con personal preparado para realizar eficazmente la tarea". Y dijo que "el personal idóneo" de ese organismo que "realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio, donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad".
Cúneo Libarona afirmó que es "una prioridad" de su cartera "cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo" y remarcó que "respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación", para lo que, ya se elaboró "un protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas".
Se indicó que contaba "con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente" y se ejemplificó: "Tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución, en los últimos dos meses ya se resolvieron 2.000 de ellos.
Sobre el recorte de los gastos de ese organismo, Justicia señaló que "ya redujo el personal (de 430 a 355) y los sueldos ($ 202.499.512 en enero de 2024)" y que pidió "la renuncia a todos los delegados".
Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención entre enero y diciembre de 2023, recordó que fue creado "luego de los dos grandes atentados terroristas" sufridos en el país contra la embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.
Pena recordó por C5N que el cierre del Inadi estaba incluido entre las reformas impulsadas en la ley "Bases", y afirmó que "para cerrarlo es necesario derogar la ley".
