Contundente Juicio Político: Destituyeron a una jueza de Morón

Se conoció el veredicto que destituyó de su cargo a la titular del Juzgado de Garantías Nº 6 de Morón, Lucía Emilce Casabayó, quien estaba suspendida de sus funciones desde hace cinco años, a partir de varias denuncias realizadas por empleados y trabajadores de la dependencia que la acusaron y declararon malos tratos y acoso laboral.

En la sentencia, la cual fue mayoría de los 11 integrantes del jury, se dispuso que no pueda volver a ocupar cargos judiciales. El jurado estuvo presidido por el juez de la Suprema Corte de Justicia Daniel Soria, y compuesto por los conjueces titulares Pablo Agustín Grillo Ciocchini, Adrián Murchio, Juan Emilio Spinelli, Carlos Enrique Mamberti y Martín Rivas. En tanto también confirman el tribunal los legisladores bonaerenses Maite Alvado, Walter Torchio, Valentín Miranda, Viviana Dirolli y Gabriela Demaría.

Los causales de la destitución de la magistrada, luego de los sumarios iniciados por trabajadores a su cargo, están contemplados en el artículo 21 de la Ley 13.661 que establecen las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales. Particularmente en cuatro ítems:

e) El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

f) La realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone.

q) Toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura.

r) Las que se determinen en otras leyes.

Asimismo, el jurado decretó la inhabilitación para ocupar cargos judiciales y le impuso las costas del proceso realizado.

Las acusaciones contra la jueza en el juicio político

A lo largo de ambas jornadas declararon ante el jurado varias personas que formaron parte de la plantilla de trabajadores en diversas funciones. Entre otras se escucharon los relatos de María Amelia Vieira, quien renunció al Poder Judicial después de haber sufrido “malos tratos y presiones”. “Reviví los ataques de pánico cuando recibí la cédula para participar de este jury”, reconoció.

En su caso tenía un conocimiento previo con la jueza porque habían sido compañeras de colegio secundario. Citó frases como “no te da la cabeza”, que era la que más se le escuchaba a Casabayó en relación al personal. Incluso a otra compañera le llegó a decir “¿el embarazo te sacó las neuronas?”, mientras que a otros los intimidaba de una manera directa: “tengo poder, plata y abogados para hacerte un sumario por daños y perjuicios”. A ella misma le llegó a decir “si no venís a trabajar te mando un patrullero a tu casa”.

Otro relato que se oyó en las audiencias fue el de Leonardo Andrés Cardillo Abad, quien enfatizó que desde que ingresó, en diciembre de 2009, ese juzgado “se convirtió en hostil”. “Siempre había gritos y malos tratos para con empleados y funcionarios. No sabías a quién le tocaba. En líneas generales, siempre había problemas”, explicó. Y evocó palabras de la magistrada hacia algunos empleados, a los que les indagaba: “¿tomaste tranquilín?”

Mariana Laura Authier, quien se desempeñó como secretaria del Juzgado Nº 6 de Morón, hizo memoria de una discusión técnica que había tenido con Casabayó por un pedido de detención a un ciudadano que no estaba en su domicilio. Fue un tema estrictamente procedimental, que terminó entre gritos. Incluso rememoró que una mañana hubo tres empleadas desmayadas por las presiones que recibían.

El de Cecilia Giménez Pérez Cabuche fue otro de los testimonios aportados por la acusación, en manos de la Procuración General bonaerense. Se trata de una empleada que ingresó en Mesa de Entradas en marzo de 2010 al juzgado de Casabayó. “Ella un día estaba bien y al otro día nos violentaba. Era muy cambiante”, sentenció.

Y recordó una anécdota en la que, luego de un intercambio con la jueza, ella quedó angustiada y fue abrazada y consolada por una compañera. Ante esa demostración de afecto, la magistrada las miró y les preguntó: “¿son tortilleras ustedes dos?”.

En el debate atestiguaron también tres fiscales que actualmente se desempeñan en el Departamento Judicial Morón. Uno fue Claudio Oviedo, de instrucción; los otros fueron Claudia Fernández y Hernán Alarcón.

El primero narró un diferendo que mantuvo con la magistrada a raíz de un pedido de prisión preventiva que ella se negaba a firmar por incompetencia. “Levantó la voz, me argumentó que no era competente y yo consideré que no era lógico, porque la cuestión de competencia no estaba resuelta. Me pareció que ese diálogo no se podía sostener y me retiré”, expresó Oviedo ante el jurado.

“Ese día había que dejar formulado el pedido de preventiva para resolver la situación del imputado. Volví a la Fiscalía y decidí ir al juzgado con la secretaria. En Mesa de Entradas me atendió un empleado, que me dijo que tenía instrucciones de no recibir el pedido. Busqué un empleado de testigo que presencia el acto, labré el acta y lo pasé por debajo de la puerta. Al rato me llamó la jueza y me pidió que le mande la causa. Y ahí se terminó el episodio, con la firma de la prisión preventiva”, completó su anécdota.

Alarcón y Fernández, en tanto, sólo tuvieron palabras de elogio para la tarea de Casabayó, con quien reconocieron que habían trabajado sin inconvenientes. Incluso la fiscal recordó que “trabajé hechos difíciles con la jueza y siempre tuvo un compromiso particular con la tarea”. “Nos acompañó incluso haciendo allanamientos de manera personal. Yo sufrí ataques en mi domicilio particular y a la jueza también atentaron contra su casa. Ella pudo solicitar custodia”, manifestó en su exposición.

Quizá el testimonio más fuerte que se escuchó en ambas audiencias fue el de Ana Verónica Lichi, quien era empleada de maestranza del juzgado y le pidió permiso a la magistrada para autorizar personalmente órdenes de IOMA para los estudios de su hijo. El nene terminó falleciendo al tiempo por un cáncer en el cerebro.

“Cuando le pedí permiso me dijo que iba a tener que compensar las horas. Al otro día me presenté a trabajar, hablé con la secretaria y el gremio entró al juzgado. Me llevaron a Sanidad por lo mal que yo estaba. Llegó la doctora y me preguntó qué pasaba. Le dije que estaba muy angustiada y ella me respondió ‘¿por qué tanta guerra?’”, fueron sus palabras.

De inmediato, según sus dichos, la jueza la amenazó: “te voy a aplastar como una cucaracha”, le espetó cuando creyó que fue la propia Lichi la que había convocado al sindicato judicial para intervenir ante el tema. “Me fui del juzgado en 2019 después de la muerte de mi hijo. En sanidad le recomendaron no volver a esa dependencia”, afirmó.