En el entramado productivo del Conurbano bonaerense, las fábricas no son solo unidades económicas: son nodos de empleo, organización cotidiana y previsibilidad para cientos de familias. Cuando un conflicto laboral irrumpe en ese esquema, el impacto no se limita a la relación entre empresa y trabajadores, sino que se proyecta sobre toda la comunidad que depende de la continuidad productiva, el cumplimiento de reglas claras y la estabilidad del trabajo formal. En ese marco, lo que ocurre en Lustramax excede largamente una disputa puntual y abre interrogantes más amplios sobre el modelo de relaciones laborales que se está discutiendo en el país.
El conflicto en la empresa Lustramax ya se convirtió en un caso testigo respecto del proyecto de reforma laboral que plantea el gobierno de Javier Milei. Los despedidos mantiene la toma de la planta de la firma, y este fin de semana recibieron apoyo de distintos sectores, lo que apunta a nacionalizar el reclamo. Para muchos, la situación puede potenciarse ante el inminente comienzo del debate de los cambios en el mundo del trabajo que se desarrollarán, durante febrero, en el Senado nacional.
En ese contexto la toma de la firma proveedora de artículos de limpieza y papelería del parque industrial de la localidad de Tortuguitas en la provincia de Buenos Aires, ya dejó de ser un conflicto que se discute solo en el ámbito laboral sino que posee claras derivaciones sindicales, judiciales, económicas y políticas. Por el momento, los trabajadores inician medidas de fuerza en un costado de la fábrica sin impedir la producción.
Antes de repasar en profundidad estas derivaciones, hay que señalar la cronología del conflicto, que tiene su inicio el 10 enero pasado cuando se denunciaron: Despidos Injustificados: La empresa despide a 140 trabajadores de forma sorpresiva y incumplimiento de conciliación obligatoria. A pesar de la medida dictada por el ministerio de Trabajo bonaerense que responde al gobernador Axel Kicillof. Por ese motivo, los ejecutivos de Lustramax ratificaron los despidos.
Respaldo desde diversos gremios y espacios de trabajadores
Los sindicalistas decidieron desfilar por la toma y apoyar decididamente el accionar de los trabajadores. Si bien las agrupaciones de izquierda sindical lideran las protestas comenzaron a interesarse los referentes de la CGT. Ya se apersonaron delegaciones de gremios nacionales y organizaciones sindicales en el acampe permanente de los empleados para manifestar su apoyo, reforzar la coordinación gremial y visibilizar el conflicto en un momento clave.
Los representantes gremiales de La Bancaria y de la CTA Autónoma dieron el primer paso y hablaron en nombre de Sergio Palazzo, diputado nacional de Fuerza Patria e integrante del Consejo Directivo de la CGT, y Hugo "Cachorro" Godoy. Ambas figuras están siguiendo de cerca el conflicto y creen que lo que pasa en Lustramax es un caso testigo de lo que puede suceder no bien se sancione la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Pronostican despidos sorpresivos masivos, sin pago de indemnizaciones y represión de cualquier manifestación, como sucedió hace dos semanas cuando los empleados bloquearon el ingreso a la planta y la Gendameria intervino.
Presencia de Gendarmería
La senadora provincial Florencia Arietto quedó en el centro de la escena tras intervenir en el conflicto gremial de la empresa Lustramax, ubicada en Tortuguitas. Allí, los trabajadores realizaban una asamblea contra 21 despidos cuando apareció la Gendarmería. La presencia de efectivos federales generó alarma: no había orden de desalojo ni pedido formal del Poder Judicial.
Según relató el delegado Leandro Gómez, integrante de la comisión interna, uno de los directivos de la empresa habría admitido que “la Casa Rosada se comprometió a mandar gendarmes para romper la asamblea y sacar a los trabajadores”. El dato no es menor: el Ministerio de Trabajo bonaerense había dictado la conciliación obligatoria por 15 días el 19 de enero, lo que vuelve irregular cualquier intento de intervención represiva.
El conflicto escaló al plano político. La diputada Myriam Bregman denunció públicamente un supuesto “modus operandi” que incluye el uso de fuerzas federales en conflictos privados, y señaló a Florencia Arietto como una de las figuras clave. Además, presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Ejecutivo explique si habilitó el despliegue de gendarmes sin solicitud judicial ni administrativa. La iniciativa fue acompañada por legisladores de izquierda y también por referentes del peronismo.
La gravedad del episodio quedó expuesta cuando el fiscal Jaime García dejó constancia oficial de que el Ministerio Público no había convocado a ninguna fuerza federal. Aun así, al cierre de la jornada, seguían apostadas dos camionetas y un móvil de Gendarmería en la puerta de la planta.
Arietto no es ajena a este tipo de conflictos. Interviene a través de Halconar, una empresa vinculada a su entorno familiar, que ofrece asesoramiento legal y servicios de “seguridad” a compañías en disputa con sus trabajadores. Distintas fuentes coinciden en que su estrategia suele ser judicializar los reclamos y llevarlos al plano penal, aunque muchas veces las causas terminan en la Justicia laboral, con fallos favorables a los empleados.
Este no es un caso aislado. Arietto ya había participado en conflictos como Lácteos Vidal, Vicentín y disputas sindicales en Mataderos y Cañuelas. En varios de esos episodios, las denuncias penales no prosperaron y las empresas debieron reincorporar trabajadores o llegar a acuerdos.
