El deterioro del entramado productivo dejó de ser una advertencia para convertirse en un dato concreto. En menos de dos años, la Argentina perdió más de 24.000 empresas y el impacto se concentra en el segmento más vulnerable del sistema económico: las pequeñas y medianas. En ese contexto, un grupo de cámaras empresarias logró instalar en el Congreso un proyecto de emergencia que busca evitar que la curva siga cayendo. No es una discusión teórica. Es una carrera contra el tiempo.
La iniciativa, que ya ingresó al Senado, propone declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para las MiPyMEs. Traducido al lenguaje de la economía real, implica reducir costos energéticos, aliviar la presión fiscal, facilitar el acceso al crédito y ordenar deudas que hoy asfixian a miles de empresas. El objetivo es simple de enunciar y difícil de ejecutar: evitar que más fábricas, talleres y comercios bajen la persiana.
Detrás del proyecto hay una foto que incomoda. El número de unidades productivas registradas cayó de más de 512.000 a menos de 488.000 desde fines de 2023. La velocidad de esa contracción no tiene antecedentes recientes en los primeros meses de una gestión. Lo que en otros ciclos era un período de transición, hoy aparece como una fase de depuración acelerada.
El problema no es homogéneo, pero sí extendido. Sectores ligados al mercado interno muestran los peores indicadores. Transporte y logística, actividades inmobiliarias y construcción encabezan el ranking de cierres. En la industria manufacturera, el retroceso también es visible, con caídas particularmente profundas en rubros como calzado, madera y confecciones. Son sectores intensivos en empleo, con bajo margen financiero y alta exposición a la demanda local.
El corazón del problema: costos en alza y demanda en caída
La ecuación que enfrentan las pymes es conocida pero cada vez más rígida. Por un lado, suben los costos de energía, insumos y financiamiento. Por el otro, cae el consumo y se abre la competencia externa. Esa combinación erosiona la rentabilidad hasta volver inviable la operación. Las grandes empresas pueden reconfigurar mercados o financiarse en el exterior. Las pymes, en cambio, dependen del día a día.
En ese contexto, la apertura importadora agrega presión. Productos con menor costo de producción ingresan a un mercado interno debilitado. El resultado es una competencia que no siempre se da en condiciones equivalentes. La discusión no es ideológica, es estructural: cómo se adapta un tejido productivo local a una economía más abierta sin perder capacidad instalada en el proceso.
El Gobierno optó por no intervenir para sostener sectores específicos. La lógica es clara: priorizar el equilibrio macroeconómico y permitir que el mercado reordene la estructura productiva. La contracara es visible en los números. La caída del parque empresarial se traduce en menos empleo registrado y mayor precarización.
El proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso intenta introducir un amortiguador. No plantea un regreso a esquemas de protección indiscriminada, sino medidas puntuales para sostener la transición. La pregunta es si llega a tiempo y si logra el respaldo político necesario en un contexto donde la prioridad oficial sigue siendo la estabilización macro.
Hay además una dimensión territorial que suele quedar fuera del debate. Cada pyme que cierra no desaparece en abstracto. Lo hace en un barrio, en una ciudad, en una red de proveedores y consumidores que se desarma. El impacto no es solo económico. Es social y cultural. Se pierden oficios, capacidades y vínculos productivos que no se reconstruyen fácilmente.
El dato más inquietante es que el sistema no está regenerando lo que pierde. La desaparición de empresas no encuentra compensación en nuevas unidades productivas. Es una dinámica de contracción neta que, si se prolonga, redefine la estructura económica del país.
El salvataje que hoy se discute es, en ese sentido, más que una ley sectorial. Es un intento de frenar una tendencia que ya muestra signos de consolidación. La economía puede ordenarse en sus variables macro, pero si el entramado productivo se reduce de manera persistente, el costo aparece después, en forma de empleo perdido y menor capacidad de crecimiento.
La política tiene ahora una decisión incómoda. Dejar que el ajuste termine de hacer su trabajo o intervenir para preservar parte del tejido productivo. No hay soluciones simples. Pero hay algo claro: cuando las pymes caen, no lo hacen solas. Arrastran con ellas una parte del país que no cotiza en los mercados, pero sostiene la vida económica cotidiana.
