La escena fue brutal y demasiado clara para quedar archivada. Un jubilado de 75 años, con una bandera sobre los hombros, terminó tirado en el piso por efectivos de la Policía Federal durante una protesta frente al Congreso. Egidio Contreras sufrió una fractura de húmero. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó investigar esa represión y dejó un mensaje político difícil de esquivar: el uso de la fuerza estatal no puede naturalizarse como respuesta automática frente al reclamo social.
El fallo golpea el corazón del modelo de seguridad que Patricia Bullrich instaló como marca de gestión. Cada miércoles, los jubilados marchan para reclamar por sus ingresos, sus medicamentos y una vida mínimamente digna. Cada miércoles, también, el dispositivo policial vuelve a mostrar una lógica de control que convierte a personas mayores en amenaza pública. La Justicia, esta vez, dijo basta al archivo rápido.
La causa había empezado tras la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria, luego de la represión del 22 de octubre. La presentación incluyó videos y testimonios sobre la agresión sufrida por Contreras. Sin embargo, el expediente fue desestimado en primera instancia por falta de impulso fiscal y luego la Cámara Federal porteña avaló el cierre, al considerar que la actuación policial había sido funcional.
Casación corrigió ese camino. Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma entendieron que el caso debía investigarse y apartaron a la Sala I de la Cámara Federal. El planteo fue claro: antes de justificar la fuerza pública hay que analizar si existió legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tres palabras que, en la calle, suelen desaparecer bajo gases, empujones y escudos.
Contreras no estaba cometiendo un delito. Marchaba. Protestaba. Ejercía derechos constitucionales. Y además pertenecía a un grupo especialmente vulnerable: los adultos mayores. Ese punto fue central en el fallo, que advirtió sobre una forma de deshumanización frente a quienes reclaman derechos básicos.
La decisión judicial llega en un momento delicado para el Gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido sobre la represión de protestas pacíficas en Argentina, y la Corte Suprema deberá revisar la validez del protocolo antipiquetes. Dicho en criollo fino: el andamiaje legal y político del orden represivo empieza a quedar bajo examen.
El caso Contreras no es solamente una causa penal. Es una postal del poder cuando decide tratar el reclamo social como desorden y no como síntoma. El Gobierno intenta mostrar autoridad. Pero cuando esa autoridad se ejerce contra jubilados golpeados, el costo político y moral cambia de escala.
Bullrich construyó su capital sobre la idea de firmeza. Casación acaba de recordarle que firmeza no es impunidad, y que el Estado no puede usar la fuerza para quebrar cuerpos vulnerables y después pedir que la Justicia mire para otro lado.
La investigación recién empieza. Pero el mensaje ya quedó escrito: reprimir jubilados no puede ser rutina democrática. Y cuando un modelo necesita escudos para contestar una bandera, tal vez el problema no esté en la protesta, sino en el poder que ya no tolera verla.
