El impacto de los aumentos en transporte, tarifas y alimentos profundiza el deterioro del poder adquisitivo en los hogares del Conurbano, especialmente entre los sectores de menores ingresos.
En el Conurbano Bonaerense, el costo de vida y los tarifazos continuos golpean duramente el bolsillo, registrando subas récord en rubros esenciales como el transporte. Según la Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, en mayo la inflación esperada por la población se ubicó en 37,5%, 3,5 puntos porcentuales por encima del registro de abril, cuando había sido de 34%.
El dato no implica solamente una variación estadística. En una economía donde la memoria inflacionaria sigue condicionando decisiones de consumo, precios, salarios y financiamiento, el nuevo aumento de las expectativas muestra que el proceso de normalización todavía enfrenta un escollo central: la credibilidad de la desaceleración futura.
La mediana, en cambio, se mantuvo sin cambios en 30%. Esa diferencia entre promedio y mediana sugiere que una parte de las respuestas más elevadas empujó hacia arriba el resultado general, aun cuando el valor central de la distribución no se modificó respecto del mes anterior. Es decir, no todos los hogares ajustaron su percepción con la misma intensidad, pero sí creció el peso de quienes esperan una inflación más alta.
Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, señaló que la medición de mayo muestra “una nueva suba en el promedio”, luego del incremento registrado en abril, mientras que la mediana permaneció estable. La encuesta fue realizada entre el 4 y el 19 de mayo, un período clave para captar el pulso social sobre precios después de los movimientos económicos de comienzos de mes.
El deterioro fue generalizado por regiones, aunque con diferencias importantes. El Gran Buenos Aires mostró el salto más fuerte: pasó de una inflación esperada de 35,6% en abril a 42,2% en mayo. En el Interior, el indicador avanzó de 33% a 35,4%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió de 35,9% a 36,7%.
La brecha territorial es relevante. El mayor incremento en el Gran Buenos Aires puede leerse como una señal de mayor sensibilidad social frente al precio de los alimentos, tarifas, transporte y servicios básicos, componentes que golpean con más fuerza en los presupuestos familiares de ingresos medios y bajos. En el Interior, la suba fue más moderada, aunque también confirma que la expectativa de inflación no descendió en ninguna de las regiones relevadas.
La encuesta también muestra una fractura clara por nivel socioeconómico. En los hogares de mayores ingresos, la inflación esperada subió de 33,5% a 35,6%. En los hogares de menores ingresos, el salto fue mucho más pronunciado: de 35% a 41,7%. Como resultado, la brecha entre ambos grupos se amplió.
Ese punto es especialmente sensible desde el punto de vista económico y político. Los hogares de menores ingresos suelen tener menor capacidad de cobertura frente a la inflación, menor acceso a instrumentos financieros defensivos y mayor proporción de gasto destinado a bienes esenciales. Cuando ese segmento espera más inflación, la percepción de pérdida de poder adquisitivo tiende a volverse más intensa, aun cuando los índices oficiales muestren una desaceleración respecto de los picos previos.
El dato mensual ofrece un matiz distinto. La expectativa de inflación para los próximos 30 días se ubicó en 3,86% promedio, levemente por debajo del 3,93% registrado en abril. La mediana mensual se mantuvo en 3%. Esto indica que, en el cortísimo plazo, los hogares no perciben una aceleración inmediata, pero sí proyectan mayores tensiones acumuladas en el horizonte de un año.
La lectura económica es doble. Por un lado, la expectativa mensual relativamente estable puede reflejar cierta aceptación social de que la inflación corriente dejó atrás los niveles más altos. Por otro, el aumento de la expectativa anual muestra que la población todavía no descuenta una convergencia rápida hacia niveles bajos y sostenibles.
En términos de política económica, el dato plantea un desafío para el Gobierno. La baja de la inflación observada necesita convertirse en expectativa persistente para consolidar decisiones de inversión, consumo, crédito y negociación salarial. Si los hogares siguen proyectando inflación elevada, las conductas defensivas pueden demorar la estabilización: remarques preventivos, compras anticipadas, reclamos salariales más altos o mayor preferencia por cobertura cambiaria.
La encuesta de la Di Tella no mide inflación efectiva, sino expectativas. Pero en la Argentina esa variable tiene peso propio. Después de años de inflación alta, la confianza no se recompone solo con algunos meses de desaceleración. Requiere consistencia fiscal, monetaria, cambiaria y, sobre todo, una trayectoria de precios que resulte creíble para los hogares.
Mayo dejó, en ese sentido, una advertencia: la nominalidad puede estar bajando, pero la expectativa social todavía se resiste a acompañar plenamente. Y el mayor deterioro entre los hogares de menores ingresos confirma que la discusión inflacionaria sigue siendo, además de macroeconómica, profundamente distributiva.
