La conflictividad en Atucha dejó de ser un murmullo de pasillo técnico para convertirse en una alarma política. Nuevos despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, cesantías en el proyecto CAREM, denuncias de persecución sindical y advertencias sobre trabajadores expuestos a tareas de riesgo volvieron a poner bajo la lupa el futuro del programa nuclear argentino. No se trata de una oficina más del Estado: se trata de Atucha I, Atucha II, Embalse, el desarrollo del reactor CAREM y una cadena científica que durante décadas fue orgullo nacional.
El caso de Mariano Saleh, delegado gremial y trabajador de Atucha, funciona como síntoma de época. Saleh denuncia persecución por su actividad sindical y por haber señalado el vaciamiento del sector nuclear, la pérdida de derechos laborales, la tercerización de tareas y el avance de un esquema de privatización parcial. Como tiene tutela gremial, cualquier intento de despido requiere avanzar antes con su desafuero. Traducido al idioma de la rosca laboral: primero hay que romper el escudo sindical para después pasar la motosierra.
Atucha, entre despidos y una pelea por el control del sistema nuclear
La tensión escaló esta semana con una protesta frente a la CNEA, tras la confirmación de decenas de despidos que impactan sobre profesionales, técnicos, investigadores y personal especializado. En el CAREM, el reactor modular argentino, también se registraron cesantías. Para los trabajadores, no es un recorte administrativo sino una política de desgaste: menos presupuesto, menos personal calificado y más terreno libre para abrir la puerta a capitales privados.
El testimonio de Saleh fue directo y duro. Denunció que autoridades del organismo debieron retirarse custodiadas por Gendarmería y apuntó contra quienes, según él, “entregan” el sistema nuclear. También recordó accidentes laborales y mencionó compañeros electrocutados o expuestos a radiación en tareas vinculadas con la extensión de vida de Atucha I. En un sector donde la seguridad no admite improvisaciones, esas denuncias no pueden tratarse como ruido gremial. Son una señal roja.
La energía nuclear no se maneja con voluntarismo ni con Excel de ajuste. Requiere conocimiento acumulado, continuidad técnica, mantenimiento, protocolos y equipos formados durante años. Cuando se van trabajadores especializados, no se reemplazan con un aviso en LinkedIn. Se pierde memoria operativa. Y en una central nuclear, la memoria operativa no es romanticismo estatal: es seguridad.
El conflicto también tiene una dimensión económica que incomoda al relato oficial. Según los datos expuestos por legisladores opositores, Nucleoeléctrica Argentina, operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse, cerró 2025 con un resultado financiero positivo superior a $90.304 millones. Dioxitek, clave para la producción de dióxido de uranio destinado al combustible nuclear, registró un superávit de $19.204 millones. Es decir: el Gobierno no está discutiendo solamente cómo achicar organismos deficitarios. Está avanzando sobre empresas y capacidades que funcionan, producen y tienen valor estratégico.
Ahí aparece el verdadero corazón de la pelea. La Ley Bases dejó a Nucleoeléctrica Argentina en la lista de compañías sujetas a privatización. Y en el mundo nuclear, ninguna venta es inocente. Detrás de cada activo hay tecnología, contratos, proveedores, combustible, geopolítica y disputa por cadenas globales de abastecimiento. Estados Unidos, Europa, China y Rusia entienden perfectamente que la energía nuclear vuelve a ser una pieza central del tablero mundial. Argentina, mientras tanto, parece debatir si vende parte de su caja de herramientas justo cuando todos los demás están comprando destornilladores.
En ese marco, la diputada Julia Strada presentó un proyecto para declarar de interés nacional la investigación, desarrollo, producción y operación vinculada a la energía nuclear. La iniciativa busca garantizar el funcionamiento de Atucha I, Atucha II y Embalse, reactivar obras estratégicas como el CAREM, avanzar con una cuarta central y recuperar la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito. También propone frenar la privatización parcial de Nucleoeléctrica.
El proyecto no aparece en el vacío. Llega cuando los trabajadores denuncian que el recorte presupuestario, la caída salarial y las renuncias forzadas ya provocaron la pérdida de cientos de perfiles calificados. En ciencia y tecnología, ese tipo de daño no se mide solamente por cantidad de contratos caídos. Se mide por laboratorios que se apagan, proyectos que se frenan y especialistas que se van al sector privado o al exterior.
La CNEA tampoco produce únicamente conocimiento para centrales eléctricas. Su entramado interviene en investigación aplicada, diseño de reactores, desarrollo de materiales y producción de radioisótopos utilizados en diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. El vaciamiento nuclear, entonces, no golpea solo a Zárate, Lima o Bariloche. También llega, aunque no se vea, a hospitales, pacientes y laboratorios.
Por eso lo que ocurre en Atucha es mucho más que un conflicto laboral en la zona norte bonaerense. Es una pelea por quién controla una de las capacidades tecnológicas más sensibles que tiene la Argentina. El Gobierno lo presenta como eficiencia y ordenamiento. Los trabajadores lo viven como desguace. Y en el medio queda una pregunta demasiado grande para esconderla detrás de un comunicado: si un país entrega su programa nuclear, después no puede sorprenderse cuando otros decidan por él dónde está su energía, su ciencia y su soberanía.
