La estrategia económica del Gobierno tiene varios motores. Energía, minería, agro y una apuesta silenciosa: que el crédito vuelva a encender el consumo. La lógica es sencilla. Si las familias acceden a financiamiento, compran más; si compran más, las empresas venden; si venden más, invierten y generan empleo. El problema es que esa rueda hoy encuentra un obstáculo cada vez más difícil de ignorar: millones de argentinos ya no pueden pagar las deudas que tienen.
Los números muestran que la expansión del crédito, que fue uno de los fenómenos económicos entre fines de 2024 y buena parte de 2025, perdió impulso. La volatilidad financiera, el freno en la actividad y el deterioro del ingreso modificaron el escenario. Hoy el sistema enfrenta niveles de morosidad que condicionan cualquier intento de utilizar el financiamiento como palanca para acelerar la recuperación.
Las estimaciones privadas ubican entre 5,3 y 5,8 millones de personas con problemas de mora. En términos prácticos, significa que alrededor de uno de cada cuatro argentinos con algún tipo de crédito presenta incumplimientos. Se trata de una masa de consumidores que difícilmente pueda volver a financiar compras mientras permanezca dentro de las categorías de mayor riesgo.
Los bancos pisan el freno mientras cae el ingreso disponible
La preocupación excede a los bancos. Cuando aumenta la mora, las entidades financieras endurecen sus criterios para prestar dinero. Es una reacción lógica: cuanto mayor es el riesgo de incobrabilidad, más selectivo se vuelve el crédito. Ese comportamiento termina afectando al conjunto de la economía porque reduce la circulación de financiamiento hacia el consumo y también hacia las pequeñas empresas.
Los economistas coinciden en que el problema no responde únicamente al costo del dinero. La combinación de menor actividad económica, aumento de la informalidad laboral, desempleo y pérdida del ingreso disponible explica buena parte del deterioro. Incluso cuando algunos salarios comenzaron a recuperar terreno frente a la inflación, el peso creciente de tarifas, servicios y otros gastos fijos redujo la capacidad efectiva de pago de muchas familias.
Otro dato relevante es que el crédito dejó de expandirse en términos reales hace aproximadamente siete meses. Sin una nueva ola de préstamos, tampoco aparece el efecto estadístico que suele licuar los índices de morosidad cuando ingresan nuevos deudores al sistema. Algunas entidades impulsan refinanciaciones para evitar que más clientes caigan en categorías críticas, pero esa herramienta apenas amortigua un problema estructural.
Las proyecciones del mercado financiero estiman que la mora podría haber alcanzado su punto máximo durante junio, con niveles cercanos al 8% del crédito privado total. Aun si esa previsión se confirma y comienza una baja gradual hacia fin de año, los porcentajes seguirían siendo elevados para sostener una recuperación vigorosa del financiamiento.
El desafío es todavía mayor entre los jóvenes. Quienes ingresan temprano en registros de incumplimiento suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a futuros préstamos hipotecarios, personales o productivos. La mora deja de ser solamente un problema coyuntural y pasa a convertirse en una limitación de largo plazo para la inclusión financiera.
La paradoja es evidente. El Gobierno necesita que el crédito vuelva a mover el consumo para consolidar la recuperación económica. Pero la economía real todavía no logra generar las condiciones para que millones de familias recuperen la capacidad de endeudarse de manera saludable. Sin mejora sostenida del empleo formal, del salario disponible y de la calidad del ingreso, la reactivación vía crédito corre el riesgo de quedarse en el terreno de las expectativas antes que en el de los hechos.
