La madrugada en Fuerte Apache volvió a dejar una escena conocida para el conurbano: patrullajes, corridas, disparos y una vida que se apagó en cuestión de segundos. Pero esta vez la víctima llevaba uniforme. Alan Molina, un joven policía bonaerense de 26 años oriundo de Tres Arroyos, murió mientras participaba de un operativo preventivo en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Su historia, sin embargo, no terminó donde cayó. Ahí empezó otra discusión, mucho más incómoda, sobre cómo se administra una de las fuerzas policiales más grandes del país.
Molina había egresado en febrero de la Escuela Juan Vucetich e integraba la Fuerza Barrial de Aproximación. También era padre de un bebé de apenas dos meses. Había dejado su ciudad natal para comenzar su carrera en uno de los territorios con mayor conflictividad urbana de la provincia de Buenos Aires.
Según las primeras reconstrucciones, el hecho ocurrió mientras realizaba recorridas a pie junto a otros efectivos. Durante un intento de identificación, un sospechoso escapó y comenzó una persecución dentro del complejo habitacional. En ese recorrido, el joven policía quedó expuesto y recibió un disparo que terminó con su vida. La investigación judicial continúa para determinar las circunstancias completas del ataque e identificar al autor del crimen.
La discusión sobre como se asignan los destinos
La muerte de Molina reactivó un reclamo que desde hace años sostienen intendentes y familias del interior bonaerense. La pregunta es sencilla, aunque la respuesta nunca llegó con claridad: ¿por qué tantos agentes recién egresados terminan destinados a zonas de altísimo riesgo del Gran Buenos Aires mientras las ciudades donde nacieron también denuncian falta de efectivos?
Desde Tres Arroyos, el dolor rápidamente se mezcló con esa vieja demanda. El municipio volvió a insistir en que los policías formados allí puedan desarrollar su carrera cerca de sus comunidades. La discusión no es nueva. Otras ciudades, como Pergamino, también habían cuestionado el esquema de asignación de destinos al considerar que forman recursos humanos que luego no regresan para reforzar la seguridad local.
El impacto del crimen también alcanzó a las familias de otros efectivos del interior que cumplen funciones en Fuerte Apache. Padres y madres describen rutinas marcadas por largos viajes, jornadas exigentes y un trabajo cotidiano en uno de los escenarios más complejos del conurbano. Muchos llegan desde localidades ubicadas a cientos de kilómetros, alternando pocos días de descanso con semanas completas lejos de sus hogares.
El caso llegó rápidamente a la arena política. Desde la oposición cuestionaron la decisión de enviar agentes con apenas meses de experiencia a patrullar barrios donde las dinámicas del delito requieren entrenamiento específico, conocimiento territorial y equipos preparados para enfrentar escenarios de alta conflictividad.
Esa es, quizás, la discusión de fondo que deja este asesinato. El conurbano necesita policías suficientes, pero también fuerzas especializadas para territorios donde la violencia urbana presenta características muy distintas a las de una ciudad del interior. No se trata de enfrentar una comunidad contra otra ni de instalar una falsa competencia por los recursos. Se trata de reconocer que un barrio como Fuerte Apache exige preparación, experiencia y planificación.
La muerte de Alan Molina vuelve a recordar que las políticas de seguridad no se miden solamente por estadísticas o patrulleros incorporados. También se miden por las decisiones que se toman antes de que un joven oficial salga a caminar una de las zonas más difíciles de la provincia. Porque cuando la estrategia falla, el costo no aparece en un expediente administrativo. Tiene nombre, familia y una ciudad entera que vuelve a preguntarse por qué uno de los suyos tuvo que empezar su carrera tan lejos de casa y en uno de los lugares donde el margen para el error casi no existe.
