La garrafa ya aumentó más de 800% desde la llegada de Javier Milei y el Gobierno se dispone a retirar las pocas herramientas que todavía conserva el Estado para intervenir en ese mercado. El borrador de desregulación elaborado por Federico Sturzenegger propone derogar la Ley 26.020, que desde 2005 regula la producción y comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP), establece mecanismos de abastecimiento y ofrece sustento jurídico a la asistencia destinada a los hogares sin gas natural.
La iniciativa todavía no ingresó al Congreso, pero cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y forma parte de un paquete de 144 páginas que también modifica las reglas de otros sectores. En el caso de las garrafas, el proyecto elimina las facultades específicas para establecer precios de referencia, controlar cantidades, márgenes de rentabilidad y condiciones de venta.
La teoría oficial es conocida: quitar regulaciones para que la competencia ordene el mercado. El problema es que el mercado de la garrafa no funciona como una vidriera donde el consumidor puede esperar una oferta mejor. Quien no tiene gas de red necesita comprarla para cocinar, calentar agua o atravesar el invierno. La demanda no es un capricho y la capacidad de negociación de una familia frente a distribuidores y grandes empresas es prácticamente inexistente.
El libre mercado llega donde nunca llegó la red de gas
El impacto potencial se concentra en los hogares de menores ingresos y, de manera particular, en el AMBA. Uno de cada tres hogares argentinos no cuenta con conexión a la red de gas, una carencia que alcanza a más de siete millones de viviendas. En los barrios populares, el 86% de las familias utiliza garrafas para cocinar y el 99% no dispone de suministro domiciliario de gas.
La retirada estatal comenzó antes de este nuevo proyecto. En 2024 se eliminaron los precios máximos y se estableció un valor sugerido para la garrafa de diez kilos. Luego, el mercado fue desregulado y el subsidio quedó congelado mientras los precios continuaron creciendo.
Los datos muestran la dimensión de la transferencia. Según relevamientos del Observatorio Villero de La Poderosa, el envase de diez kilos costaba $2.472 en noviembre de 2023 y llegó a $10.277 en enero de 2024. El Instituto Argentina Grande calculó posteriormente que el incremento acumulado alcanzó el 842% y ubicó el precio en torno a los $33.000. De haberse actualizado solamente por inflación, habría rondado los $16.300.
La brecha también expone la fragilidad del Programa Hogar. El aporte previsto es de $9.537 por garrafa, una suma que no cubre ni la mitad del precio de mercado. Además, casi 3,9 millones de usuarios deben reinscribirse mediante un sistema digital que incorpora auditorías, demoras de hasta 90 días y restricciones sobre los comercios y medios de pago habilitados.
En el Conurbano, esta política no se discute en abstracto. Se traduce en comedores que reducen las jornadas de cocina, familias que juntan dinero para comprar un envase entre varias casas y hogares que recurren a estufas eléctricas o leña, con redes precarias y mayores riesgos de incendio.
La posible derogación de la Ley 26.020 no inaugura el problema: puede profundizarlo. Después de una suba superior al 800%, el Gobierno propone que la oferta y la demanda terminen de resolver el precio de un bien indispensable. Pero cuando la red de gas nunca llegó y el subsidio tampoco alcanza, la libertad de mercado tiene una definición bastante menos elegante: pagar lo que pidan o pasar frío.
