El Gobierno nacional oficializó una batería de nombramientos judiciales que, presentada en el lenguaje prolijo del Boletín Oficial, encierra un movimiento político bastante más profundo. Javier Milei firmó la designación de doce jueces titulares, seis conjueces y nueve vocales para distintas jurisdicciones del país. Entre los lugares alcanzados aparecen dos casilleros sensibles del Conurbano bonaerense: los departamentos judiciales de San Martín y Lomas de Zamora.
Los decretos llevan también la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y permiten al Ejecutivo avanzar sobre vacantes que llevaban años abiertas. La explicación administrativa es atendible: un tribunal sin jueces acumula expedientes, demora audiencias y convierte cada resolución en una carrera de obstáculos. Pero en política, cubrir una vacante nunca es apenas cubrir una vacante. Mucho menos cuando se trata de tribunales penales ubicados en dos de los territorios con mayor densidad demográfica, conflictividad social y peso político de la provincia de Buenos Aires.
En Lomas de Zamora fue designado Juan Tomás Rodríguez Ponte al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3. En San Martín, Bernardo María Rodríguez Palma ocupará un lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2. Son nombres que, fuera del circuito judicial, probablemente no provoquen demasiado ruido. Sin embargo, los cargos que asumirán intervienen en causas penales complejas, investigaciones de fuerte impacto territorial y expedientes donde suelen cruzarse delito organizado, fuerzas de seguridad, poder económico y política local.
Milei empieza a dejar su firma en los tribunales
La Casa Rosada presenta el paquete como una respuesta a las vacantes históricas del Poder Judicial. Y lo es. Pero también forma parte de una decisión más amplia: aprovechar el mandato para ocupar espacios institucionales desde los cuales el poder se administra mucho después de que terminan los discursos, las cadenas nacionales y las peleas televisivas.
La política suele fingir sorpresa ante estas maniobras, como si los gobiernos descubrieran los tribunales solamente cuando una causa les golpea la puerta. La realidad es menos ingenua. Todos los presidentes intentan incidir en la conformación judicial dentro de los márgenes que les permite el sistema. Algunos lo hacen con operadores de traje oscuro, otros con negociaciones parlamentarias y otros envolviendo el movimiento en una cruzada contra la casta. Al final, la lapicera siempre termina buscando el mismo cajón.
En el caso de Milei, la avanzada tiene además una particularidad. El Gobierno llegó al poder denunciando a buena parte de la estructura institucional como un entramado capturado por intereses políticos, pero ahora necesita ocupar esas mismas estructuras para gobernar. No hay contradicción accidental. Es la diferencia entre la campaña y el poder: desde afuera se denuncia el tablero; desde adentro se colocan las piezas.
La mitad de los doce magistrados titulares designados tendrá destino en tribunales de la Capital Federal. Los nombramientos bonaerenses, sin embargo, poseen un valor específico. San Martín concentra un entramado judicial que atraviesa una extensa zona del norte y noroeste del Conurbano. Lomas de Zamora constituye uno de los centros políticos y judiciales más relevantes de la zona sur. Tener tribunales completos en esos distritos mejora el funcionamiento de la Justicia, pero también modifica los equilibrios internos de fueros donde cada decisión puede proyectarse mucho más allá de un expediente.
Esto no significa que los nuevos magistrados respondan automáticamente al Gobierno ni que cada sentencia futura pueda atribuirse a la voluntad presidencial. Los jueces cuentan con estabilidad en sus cargos y deben actuar con independencia. Confundir una designación institucional con obediencia partidaria sería una simplificación. Pero ignorar que cada gobierno busca dejar una marca en el Poder Judicial sería, directamente, hacerse el distraído.
El paquete de decretos muestra que la administración libertaria comenzó a recorrer un camino que otros gobiernos ya transitaron: cubrir vacantes, consolidar posiciones y construir una herencia institucional que sobreviva al calendario electoral. La Justicia tiene sus tiempos, mucho más lentos que los de la política, y justamente por eso cada nombramiento importa. Un ministro puede durar meses, un legislador cuatro años y un presidente, con suerte, ocho. Un juez puede permanecer décadas.
Milei ya no se limita a discutir con el Poder Judicial desde las redes sociales. Ahora empezó a intervenir en su composición con las herramientas que le concede la Constitución. La batalla contra la casta, al parecer, también incluía conseguir una buena ubicación dentro del edificio.
