La guerra entre Rusia y Ucrania parece un conflicto lejano para la vida cotidiana del conurbano bonaerense. Sin embargo, una investigación judicial demostró que ese escenario también puede tener ramificaciones en los barrios argentinos. Una ex integrante de la Policía Bonaerense fue detenida en Tigre, acusada de integrar una organización que reclutaba ciudadanos argentinos para viajar al frente de combate bajo promesas de ingresos en dólares. La causa quedó en manos de la Justicia federal, que la investiga por el presunto delito de trata de personas.
La sospechosa, de 45 años, fue arrestada durante un operativo realizado por la Policía Federal en un conventillo de Tigre. En paralelo, los investigadores buscan a su pareja, un ex integrante de la Policía Federal que luego pasó por la Policía de la Ciudad y que, según la pesquisa, habría escapado hacia Brasil.
El expediente, que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, subrogado por el juez Luis Armella, con intervención del fiscal Sergio Mola, apunta a una modalidad de captación poco frecuente en el país, pero que gana preocupación a medida que los conflictos armados demandan combatientes extranjeros.
Una promesa en dólares y un viaje sin regreso asegurado
La investigación comenzó en marzo de este año en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó inconsistencias en el viaje de cuatro hombres que abordaban un vuelo con destino a Estambul y posterior conexión hacia Moldavia. El motivo declarado era participar en tareas de reconstrucción de infraestructura en Ucrania.
Las respuestas no cerraban. Ninguno podía explicar con precisión quién financiaba los pasajes, cuánto tiempo permanecería fuera del país o quién organizaba el viaje. Con el avance de las entrevistas, los cuatro terminaron admitiendo que el verdadero destino era incorporarse a unidades que combaten en la guerra entre Ucrania y Rusia, atraídos por una remuneración cercana a los 3.000 dólares mensuales.
Ese dato abrió otra línea de investigación. Según la causa, el perfil buscado por los reclutadores no era casual. Los destinatarios eran principalmente ex policías, ex integrantes de fuerzas de seguridad o personas con experiencia militar previa, es decir, candidatos que ya poseían conocimientos básicos para desenvolverse en un escenario bélico.
Los allanamientos permitieron secuestrar una pistola, documentación vinculada con la actividad de reclutamiento, antiguos credenciales policiales y emblemas relacionados con el Ejército ucraniano. Todos esos elementos ahora forman parte de la prueba que analizará la Justicia.
El caso también pone sobre la mesa un fenómeno que preocupa a distintos organismos internacionales. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania hubo convocatorias para incorporar combatientes extranjeros de diferentes nacionalidades. Diversos gobiernos y servicios de inteligencia han denunciado la existencia de redes informales de captación y campañas de reclutamiento transnacionales, mientras que Rusia ha señalado públicamente a reclutadores y considera a los mercenarios extranjeros como objetivos militares. El conflicto ha provocado un elevado número de bajas entre combatientes de ambos bandos, aunque las cifras sobre mercenarios varían ampliamente y no pueden verificarse de manera independiente.
La investigación argentina no gira sobre la geopolítica, sino sobre algo mucho más concreto: determinar si personas en situación de vulnerabilidad económica fueron captadas mediante engaños o aprovechamiento de sus necesidades para terminar en uno de los escenarios de guerra más letales del mundo.
La causa recién comienza y todavía deberá establecer el alcance de la organización y la eventual participación de otras personas. Pero el expediente ya deja una advertencia inquietante: cuando la pobreza se cruza con la promesa de dólares fáciles, la frontera entre una oferta de trabajo y una forma moderna de explotación puede volverse peligrosamente delgada.
