La modernización militar suele medirse en radares, cazas y equipamiento. Sin embargo, hay otra batalla que se libra lejos de las pistas aéreas y de los actos oficiales. La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que arrastra una deuda superior a los $213.902 millones, abrió una herida silenciosa entre el Gobierno y el personal militar. Porque resulta difícil construir una fuerza moderna cuando quienes deben operarla todavía tienen incertidumbre sobre algo mucho más básico: su cobertura médica.
La decisión del Gobierno fue drástica. Mediante el Decreto 88/2026 resolvió disolver el IOSFA y crear dos nuevas obras sociales. La OSFA quedó bajo el Ministerio de Defensa para atender al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que la OSFFESEG pasó al Ministerio de Seguridad para cubrir a Gendarmería y Prefectura. El plazo corre y el reloj no espera: el 5 de febrero de 2027 el IOSFA dejará formalmente de existir.
Dos ministerios, dos estrategias y una misma urgencia
La deuda acumulada ronda los 145 millones de dólares y refleja un problema que atraviesa a gran parte del sistema sanitario argentino: los costos médicos crecieron mucho más rápido que los ingresos derivados de los aportes salariales. Cuando esa ecuación deja de cerrar, aparecen los atrasos con clínicas, farmacias y profesionales, y las prestaciones comienzan a resentirse. Frente a ese escenario, Seguridad y Defensa eligieron caminos completamente distintos.
La cartera que conduce Alejandra Monteoliva resolvió garantizar rápidamente la atención mediante un convenio con Medicus para cerca de 200.000 afiliados de Gendarmería y Prefectura. Defensa, en cambio, apostó por construir una estructura propia, negociando convenios con sanatorios, médicos, droguerías y farmacias, sin tercerizar la cobertura.
Las diferencias derivaron incluso en reproches cruzados entre ambos ministerios sobre la financiación del proceso y la legalidad de algunas decisiones administrativas. Mientras tanto, quienes esperan respuestas no son los funcionarios sino los afiliados.
Desde la nueva OSFA admiten que la atención todavía no funciona plenamente en todas las regiones del país. Aunque aseguran que las prestaciones de alta complejidad continúan garantizadas y que avanzan en una aplicación con token para modernizar el sistema, reconocen que la transición dista de haber concluido.
La crisis ya salió de los escritorios. Un suboficial retirado llegó a encadenarse frente a la sede del IOSFA en Rosario para denunciar la falta de cobertura médica, mientras veteranos de Malvinas comenzaron a migrar hacia los programas especiales de PAMI ante las dificultades para acceder a determinadas prestaciones.
El contraste político resulta inevitable. El Gobierno reivindica una recuperación del instrumento militar argentino, impulsa la incorporación de los F-16 y busca reconstruir capacidades estratégicas. Sin embargo, esa narrativa convive con una realidad mucho menos épica: pilotos de combate cuyos ingresos rondan apenas los $1,3 millones de bolsillo y una obra social que todavía atraviesa una de las mayores crisis de su historia.
El nacionalismo no se mide solamente por los símbolos, los uniformes o los desfiles. También se pone a prueba cuando llega el momento de garantizar que quienes tienen la responsabilidad de defender al país puedan acceder a un médico, retirar un medicamento o atender a sus familias sin convertirse en rehenes de una transición administrativa. Porque ninguna Fuerza Armada puede fortalecerse de verdad si la retaguardia sanitaria sigue siendo su frente más vulnerable.
