Hay derrotas que se anuncian con discursos y otras que llegan envueltas en un comunicado oficial. La que sufrió el Gobierno con el conflicto de los prácticos pertenece a la segunda categoría. Después de cuatro días de tensión que paralizaron buena parte de los puertos argentinos, la administración de Javier Milei suspendió la aplicación del decreto que desregulaba el servicio de practicaje, precisamente el punto que había originado el conflicto. El acuerdo permitió destrabar la actividad, pero dejó una conclusión política difícil de esquivar: cuando una reforma estratégica amenaza con interrumpir una parte sustancial del comercio exterior, la ideología suele ceder ante la realidad.
El conflicto comenzó con la publicación del Decreto 690, impulsado dentro del paquete desregulador de Federico Sturzenegger. La iniciativa eliminaba restricciones para el ejercicio de la actividad, abría la contratación y buscaba que el mercado determinara las tarifas bajo el argumento de reducir el denominado "costo argentino". La respuesta fue inmediata.
Los prácticos, pilotos y baqueanos dejaron de aceptar nuevos servicios. No hubo un paro sindical tradicional ni una huelga encabezada por una estructura gremial. Se trató de profesionales independientes que, simplemente, dejaron de prestar un servicio indispensable para que los buques ingresen y egresen de los puertos argentinos.
Cuando la logística se convierte en poder político
En apenas 72 horas quedaron varados más de 140 buques desde Ushuaia hasta el complejo agroexportador de Timbúes. Parte de las cargas comenzó a desviarse hacia puertos de Montevideo y Brasil, mientras Prefectura Naval intimaba a más de 500 profesionales a retomar sus tareas bajo advertencias de posibles sanciones penales. Nada de eso alcanzó para destrabar el conflicto.
La situación expuso una verdad que muchas veces permanece invisible. Argentina puede producir alimentos, minerales, combustibles o manufacturas, pero sin el trabajo de los prácticos buena parte de esa producción simplemente no sale al mundo. El conflicto dejó en pausa una porción significativa de la cadena logística que abastece mercados internacionales, demostrando que existen actividades cuya importancia estratégica recién se comprende cuando dejan de funcionar.
Finalmente fue el propio Gobierno quien modificó su posición. El acuerdo contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio, pero también la suspensión de la aplicación del decreto de desregulación y la creación de una mesa de trabajo integrada por organismos nacionales para revisar el futuro de la actividad.
Desde la óptica de la realpolitik, el saldo resulta evidente. La Casa Rosada obtuvo un ahorro tarifario, pero resignó el corazón de la reforma que pretendía imponer. Los prácticos volvieron al trabajo, los puertos recuperaron movimiento y el comercio exterior retomó su ritmo habitual. El Gobierno evitó que la crisis escalara, aunque debió archivar, al menos por ahora, uno de los capítulos del programa desregulador de Sturzenegger.
La escena deja además una enseñanza para futuras reformas. No todas las actividades estratégicas pueden modificarse únicamente desde un decreto. Cuando un sector tiene la capacidad de detener una parte sustancial del flujo exportador argentino, la negociación deja de ser una opción política para convertirse en una necesidad económica. Al final del día, los barcos volvieron a navegar. Y también quedó demostrado que, incluso para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera, la realidad suele tener derecho de veto.
