Viajar todos los días desde el Conurbano hacia la Ciudad acaba de volverse un poco más caro. Desde el 1 de agosto dejó de aplicarse el descuento del 50% de la Red SUBE para quienes llegan en tren a CABA y continúan el recorrido en Subte dentro de las dos horas. Para miles de trabajadores y estudiantes del Gran Buenos Aires, la modificación suma otro gasto fijo a una movilidad metropolitana que ya venía acumulando aumentos.
Hasta fines de julio, quien combinaba tren y Subte pagaba el primer tramo completo y recibía una bonificación del 50% en el segundo. Ese mecanismo permitía amortiguar el costo de atravesar diariamente el AMBA. Con el nuevo esquema, ambos viajes se pagan a tarifa plena.
El cambio llegó además junto con una nueva actualización del Subte. Desde agosto, el boleto pasó de $1.621 a $1.684, mientras que el Premetro quedó en $589,40. Para un usuario ocasional puede parecer una diferencia menor. Para alguien que realiza la misma combinación de lunes a viernes, dos veces al día, el efecto se multiplica durante todo el mes.
El impacto se concentra especialmente en quienes viven en municipios conectados con la Ciudad por los ferrocarriles metropolitanos y necesitan después completar el viaje bajo tierra. En el Conurbano, la movilidad no suele resolverse con un solo medio. Colectivo, tren y Subte forman una cadena cotidiana donde cada aumento o beneficio eliminado repercute sobre el presupuesto familiar.
Una integración metropolitana que empieza a desarmarse
La Ciudad atribuyó la suspensión del descuento a la falta de financiamiento nacional para determinadas combinaciones entre sistemas bajo distintas jurisdicciones. Los beneficios continúan funcionando dentro de la red porteña: cuando los viajes se realizan entre Subte y las 27 líneas de colectivos administradas por CABA, el segundo tramo mantiene una rebaja del 50% y desde el tercero alcanza el 75%, siempre dentro de las dos horas.
La diferencia aparece cuando el recorrido cruza jurisdicciones. El usuario puede vivir en Morón, San Martín, La Matanza o Quilmes, trabajar en el centro porteño y realizar todos los días un trayecto que para su vida es uno solo. Administrativamente, sin embargo, atraviesa sistemas nacionales, provinciales y porteños. Cuando se corta la coordinación financiera, esa frontera invisible termina apareciendo en la SUBE.
Algunos beneficios permanecen vigentes. Continúa la tarifa social, así como los pases especiales para estudiantes, docentes, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, trasplantados y otros grupos contemplados por el sistema. También sigue funcionando la tarifa escalonada del Subte para quienes superan determinados niveles de viajes mensuales.
Pero para el trabajador común que combina tren y Subte sin estar incluido en esos regímenes especiales, el cambio significa simplemente pagar más.
La cuestión excede una rebaja puntual. El AMBA funciona como una única región económica y laboral, aunque esté administrado por múltiples gobiernos. Millones de personas viven de un lado de la General Paz y trabajan, estudian, se atienden o hacen trámites del otro. Por eso la integración tarifaria no era solamente un descuento: reconocía una realidad territorial.
Eliminarla en determinados sentidos de viaje introduce otro costo sobre quienes ya dedican tiempo y dinero importantes a trasladarse. Y en una economía donde salarios, alquileres, alimentos y servicios compiten todos los meses por el mismo ingreso, unos cientos de pesos diarios dejan rápidamente de ser un detalle.
El transporte público debería permitir acercar oportunidades, no convertir la distancia entre casa y trabajo en un impuesto silencioso. El mapa del AMBA sigue siendo el mismo. Lo que desde agosto cambió es cuánto cuesta atravesarlo.
