El Gobierno decidió atacar una de las filtraciones que venían denunciando los industriales: el contrabando. ARCA desplegó controles en comercios, importadores, encomiendas y pasos fronterizos y secuestró bebidas alcohólicas sin documentación por más de $67 millones. La señal llega después de meses de reclamos empresarios, pero no resuelve el problema mayor: competir con importaciones legales bajo una política deliberada de apertura.
Los operativos muestran que el Estado conserva herramientas para controlar la mercadería que entra por fuera de las reglas. Hubo procedimientos en Santa Fe, Mar del Plata, Paraná, CABA, Córdoba y la frontera con Paraguay. Solo en Roldán fueron incautadas 271 botellas de whisky, vodka y gin valuadas en $19 millones. En cinco supermercados marplatenses aparecieron otros $19 millones en productos extranjeros sin respaldo documental.
La tenencia comercial injustificada puede recibir multas de hasta cinco veces el valor de la mercadería. Para los productos detectados en estos procedimientos, las sanciones potenciales rondan los $308 millones. El mensaje es sencillo: abrir la economía no significa habilitar una frontera sin Aduana.
Una defensa parcial frente a un problema mucho más grande
La reacción llega después de que la Unión Industrial Argentina llevara el problema al Ministerio de Economía. Martín Rappallini planteó la competencia desleal tanto ante Luis Caputo como ante el área de Producción. Seis de cada diez empresas relevadas por la UIA dijeron sufrir un impacto alto o muy alto por competencia desleal.
Entre las firmas afectadas, el 48,4% señaló pérdida de ventas; otro 15,2% dijo verse obligado a reducir precios y el 13,3% marcó deterioro de rentabilidad. También aparecen productos sin certificaciones, mercadería sin trazabilidad y ventas sin factura. Una fábrica formal paga salarios, impuestos, energía, logística y regulaciones. El contrabandista compite evitando buena parte de esa cuenta.
Por eso controlar el ingreso ilegal es elemental. El punto incómodo para el Gobierno aparece un paso después. El contrabando es apenas una parte de la presión que enfrenta la producción local. La otra llega con papeles en regla, despacho aduanero y autorización oficial: son las importaciones legales que avanzan mientras numerosas ramas industriales trabajan con capacidad ociosa, pierden producción y ajustan empleo.
Hay una diferencia que conviene no esconder. Una cosa es combatir la competencia ilegal y otra discutir la política comercial. El Gobierno puede endurecer controles contra productos que entran sin declarar y, al mismo tiempo, sostener que una mayor apertura obliga a las empresas argentinas a ganar productividad. Ambas decisiones son compatibles desde su programa económico. Para una pyme que pierde mercado, sin embargo, el resultado se mide en ventas y no en categorías doctrinarias.
La industria consiguió, al menos, que el Ejecutivo reconociera el agujero del contrabando y moviera inspectores. Es un avance básico frente a una distorsión que ninguna apertura seria debería tolerar. Pero la discusión de fondo seguirá abierta: ARCA puede secuestrar una botella que cruzó ilegalmente la frontera; no puede secuestrar la política económica. Y mientras la producción nacional reclame aire, el verdadero debate seguirá siendo cuánto mercado interno está dispuesto a entregar el Gobierno en nombre de la apertura.
