La trayectoria de Ramón Lanús en la administración pública comenzó mucho antes de su llegada a la intendencia de San Isidro. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, estuvo al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Desde ese organismo tuvo a su cargo la gestión de terrenos, edificios y otros inmuebles pertenecientes al Estado nacional. La política desarrollada durante esos años se concentró en vender, concesionar o reutilizar propiedades públicas consideradas ociosas.
Lanús defendió esa orientación como una manera de obtener recursos y mejorar el aprovechamiento del patrimonio estatal. Sin embargo, algunas de las operaciones realizadas bajo su conducción fueron posteriormente cuestionadas y revisadas por organismos públicos.
Una de ellas fue la concesión de 15 locales comerciales ubicados en el Paseo de la Infanta, en el barrio porteño de Palermo.
Una adjudicación en el último día de gestión
La concesión fue otorgada el 9 de diciembre de 2019, apenas un día antes del cambio de gobierno nacional. La empresa Estación Rosedal S.A. obtuvo la explotación de los locales por un período de diez años.
El acuerdo establecía un monto de $435 millones por los 120 meses de concesión.
Durante el proceso de adjudicación, uno de los participantes planteó que podía existir un conflicto de intereses. La advertencia se basaba en los antecedentes de una disputa judicial entre uno de los oferentes y Ramón Lanús.
Ante ese planteo, el entonces presidente de la AABE consultó a la Sindicatura General de la Nación. La SIGEN, como organismo de control interno del Estado, analizó la situación y consideró que Lanús debía excusarse de intervenir en el procedimiento.
Apartarse de una decisión no implica reconocer la existencia de una irregularidad. Se trata de una medida preventiva destinada a garantizar imparcialidad y evitar dudas cuando puede existir algún antecedente capaz de afectar la objetividad de un funcionario.
Pese a esa recomendación, Lanús intervino en la resolución que aprobó la concesión.
El contrato quedó sin efecto
Con la llegada de las nuevas autoridades nacionales, la AABE revisó el procedimiento. En 2020, el organismo decidió revocar la adjudicación y dejar sin efecto el contrato con Estación Rosedal S.A.
La nueva conducción señaló que Lanús debería haberse excusado de participar. Su apartamiento, según el criterio expresado por la Agencia, habría evitado los cuestionamientos relacionados con el posible conflicto de intereses.
La AABE aclaró que esa intervención no anulaba automáticamente todo lo actuado. La resolución también había sido firmada por el vicepresidente de la entidad, quien contaba con facultades para hacerlo.
No obstante, las autoridades resolvieron cancelar la concesión y avanzar con una nueva convocatoria por razones de transparencia.
El contrato firmado en la última jornada de la gestión de Lanús quedó así revocado pocos meses después. La decisión no representó una determinación sobre la existencia de un delito, pero confirmó que el procedimiento había generado objeciones administrativas suficientes para justificar su revisión.
Lanús negó cualquier irregularidad
El actual intendente de San Isidro rechazó los cuestionamientos y defendió la actuación de su gestión.
Según su explicación, la AABE había recuperado un predio que anteriormente era explotado en condiciones económicas perjudiciales para el Estado. La nueva licitación, afirmó, mejoraba sustancialmente los ingresos obtenidos por el uso de los locales.
Lanús también aseguró que la adjudicación había respetado las exigencias legales y administrativas. En relación con el pronunciamiento de la SIGEN, sostuvo que la respuesta no había llegado oficialmente a la Agencia antes de que se firmara la resolución.
El punto central de la controversia quedó entonces ubicado en los tiempos y alcances de la intervención del organismo de control.
La SIGEN entendió que Lanús debía apartarse del procedimiento. El exfuncionario, en cambio, afirmó que la recomendación no había sido formalmente recibida antes de concretar la adjudicación y negó haber favorecido una operación irregular.
Más operaciones investigadas
La gestión de Lanús en la AABE también quedó asociada a la venta de valiosos terrenos pertenecientes al Estado nacional, entre ellos varias parcelas situadas en Catalinas Norte.
De acuerdo con la información oficial, seis terrenos vendidos entre 2017 y 2018 generaron ingresos superiores a los 228 millones de dólares. Los fondos fueron destinados a financiar parte de la construcción del Paseo del Bajo.
En 2020, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia contra Lanús y otros exfuncionarios para que se investigaran posibles irregularidades vinculadas con algunas de esas subastas.
Una denuncia constituye el comienzo de una presentación o investigación y no demuestra, por sí misma, la responsabilidad de las personas señaladas. Tampoco equivale a una condena.
Lanús aseguró en 2023 que nunca había sido citado a prestar declaración como acusado ni había sido procesado por estas operaciones.
El debate sobre el patrimonio público
Los cuestionamientos ocurridos durante la gestión de Lanús también forman parte de una discusión más amplia sobre el destino de los bienes pertenecientes al Estado.
La conducción de la AABE durante el gobierno de Mauricio Macri consideraba que los inmuebles sin una utilización concreta podían ser vendidos o concesionados para obtener recursos destinados a otras políticas y obras.
Sus críticos advertían, en cambio, sobre la necesidad de reforzar los controles y garantizar que las operaciones se realizaran con transparencia, especialmente cuando involucraban terrenos ubicados en zonas de elevado valor inmobiliario.
La controversia no se limitaba, por lo tanto, a una cuestión administrativa. También expresaba dos concepciones diferentes sobre cómo debía gestionarse el patrimonio estatal y qué controles debían acompañar las decisiones.
Un antecedente previo a San Isidro
Los episodios corresponden a una etapa anterior a la llegada de Ramón Lanús al gobierno municipal. Sin embargo, integran su trayectoria pública y permiten observar cómo actuó cuando tuvo la responsabilidad de administrar propiedades del Estado nacional.
En el caso del Paseo de la Infanta, la documentación administrativa muestra que la SIGEN recomendó su apartamiento y que, posteriormente, la AABE revocó el contrato. El intendente sostiene que actuó dentro de la ley y que la recomendación no fue recibida a tiempo.
Las posiciones continúan enfrentadas. Por un lado, los organismos que revisaron la operación advirtieron que la intervención de Lanús podía afectar la transparencia del procedimiento. Por otro, el exfuncionario defendió la legalidad de la adjudicación y los beneficios económicos que, según afirmó, representaba para el Estado.
El episodio no permite afirmar que existió responsabilidad penal. Sí expone un antecedente administrativo relevante: una concesión aprobada con la participación de Lanús recibió observaciones de un organismo de control y terminó siendo revocada por las autoridades que asumieron posteriormente.
Ahora, como intendente de San Isidro, su gestión vuelve a colocar en primer plano los criterios utilizados para administrar recursos y bienes públicos. El debate sobre su paso por la AABE reaparece así como parte de la discusión acerca de su trayectoria, sus decisiones y su forma de ejercer responsabilidades dentro del Estado.
