Hay campos del Conurbano donde un caballo puede desaparecer durante la noche y convertirse en carne antes de que llegue una orden de allanamiento. La denuncia de la Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA) describe una cadena que empieza con el reconocimiento de establecimientos rurales, sigue con el robo y traslado de los animales y termina, según sostiene la entidad, con la faena clandestina y la comercialización de esa carne. San Vicente, Ezeiza, Cañuelas, Spegazzini, General Rodríguez y Pilar aparecen entre las zonas donde se detectaron episodios.
Ariel Corse, veterinario y referente de ACMA, asegura que solamente durante el último mes pudieron comprobar entre 25 y 30 caballos faenados. Algunos pertenecían a establecimientos de polo de Ezeiza y Cañuelas y fueron encontrados reducidos a restos en barrios de La Matanza. También hubo animales de equinoterapia entre los casos denunciados.
La secuencia que reconstruye la organización tiene poco del viejo robo improvisado de ganado. Según Corse, habría personas encargadas de observar los campos y localizar accesos vulnerables, grupos que ingresarían durante la noche para llevarse cuatro o cinco caballos, lugares donde mantenerlos temporalmente, quienes realizarían la faena y finalmente una instancia de distribución.
ACMA sostiene que parte de esa carne terminaría en carnicerías del Gran Buenos Aires y reclama controles bromatológicos que permitan establecer su procedencia. Se trata de una denuncia de la organización y no de una constatación general sobre los comercios de la región.
Del campo al circuito clandestino
Un procedimiento policial reciente dejó una imagen de cómo podrían prepararse algunos robos. Durante la inspección de un vehículo, los efectivos encontraron bozales, avena que podría utilizarse para atraer caballos, recipientes, una tijera para cortar alambrados y pasamontañas. Para Corse, estos elementos refuerzan la hipótesis de grupos con tareas diferenciadas.
La preocupación alcanza tanto al corredor Sur como al Norte y Oeste. En San Vicente, Ezeiza, Cañuelas y Spegazzini se denunciaron faenas, mientras que General Rodríguez y Pilar también aparecen dentro del mapa señalado por ACMA. En Moreno y La Matanza, un allanamiento permitió encontrar un caballo que tenía documentación y microchip pese a haber sido denunciado como robado meses antes.
Ahí surge otra punta del problema: los papeles. La organización advierte sobre posibles irregularidades en documentación utilizada para acreditar propiedad y reclama investigar cómo un animal denunciado como sustraído puede reaparecer posteriormente con documentación.
El propio predio de ACMA en Brandsen sufrió un ingreso reciente. Tres adultos acompañados por perros atravesaron la parte trasera del establecimiento durante la mañana. Fueron observados por cámaras y el personal de seguridad intervino. El episodio fue comunicado al Comando de Prevención Rural. Dos días después apareció una vaca faenada en un campo lindero. La cercanía temporal de ambos hechos, por sí sola, no demuestra que hayan estado relacionados.
La carrera contra el tiempo después de la denuncia
El reclamo más fuerte de ACMA apunta al funcionamiento de la investigación judicial. La entidad sostiene que existen propietarios que denuncian robos, localizan posteriormente a sus animales e incluso aportan domicilios y fotografías, pero las medidas judiciales pueden demorarse. Con un animal destinado a faena, unos pocos días pueden volver inútil un allanamiento.
Por eso la organización reclama fiscalías especializadas en delitos rurales y maltrato animal. Su argumento es que una estructura dedicada específicamente a estos casos podría reconocer con mayor rapidez las medidas necesarias y reconstruir la cadena completa, en lugar de investigar cada caballo desaparecido como un episodio aislado.
También propone aprovechar drones con visión nocturna para vigilar corredores rurales y detectar movimientos de animales o vehículos durante las horas en que resulta más difícil controlar grandes extensiones desde tierra.
La discusión ya llegó además al terreno legislativo. Existen iniciativas para crear figuras específicas vinculadas con intrusiones y vandalismo rural y propuestas bonaerenses orientadas a endurecer las consecuencias de la caza no autorizada dentro de establecimientos privados.
Pero todavía queda una pregunta anterior a cualquier reforma legal: qué ocurre con las herramientas que ya existen cuando alguien denuncia que le llevaron los animales.
En este mapa no aparece un único delito ni una única víctima. Está el productor que encuentra el alambrado cortado, el centro de equinoterapia que pierde un animal, el caballo convertido en mercadería clandestina y el consumidor que, si la denuncia sobre el circuito comercial se confirma, podría comprar una carne distinta de la que cree estar llevando.
El caballo desaparece de noche. Después quedan huellas, papeles, cámaras y una denuncia corriendo contra el reloj. Si detrás de esos casos existe una organización con distintos eslabones, como sostiene ACMA, perseguir solamente al que cruza el último alambrado nunca alcanzará. La investigación tendrá que seguir el recorrido completo, desde el campo donde falta un animal hasta el lugar donde finalmente aparece el dinero.
