¿Vivimos en una Democracia?
El Gobierno Nacional intimó a las distintas organizaciones sociales que participaron de la marcha del 27 de diciembre en Tribunales a abonar la suma de 40 millones de pesos, aludiendo al costo operativo que demandó la protesta.
La carta de documento dirigida al Sindicato de Camioneros fue rubricada por Martín Siracusa, el funcionario a cargo de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich.
La carta documento enviada a través de Correo Argentino expresa que el gasto total asignado por el Estado para la marcha fue de $40.419.227,56. Dicha cifra que deberá pagarse "en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente, en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
Además, señala que también se logró identificar a las organizaciones que participaron "de la interrupción vehicular o parcial del tránsito vehicular": Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y CONADU Histórica.
La convocatoria a la manifestación se realizó diez días después de la asunción de Milei y el Gobierno había adelantado que la sanción se llevaría a cabo dentro del marco del protocolo "antipiquetes". Ese día, tanto los gremios como las organizaciones sociales se manifestaron en contra de las medidas del DNU.
Además de la advertencia "el que corta no cobra" para quienes cobran planes sociales, el Ministerio de Seguridad había afirmado que las organizaciones iban a tener que pagar las consecuencias por incentivar la movilización y amenazar el orden público. Sin embargo, las autoridades porteñas y nacionales afirmaron que, durante la manifestación, la interrupción del tránsito en algunas arterias fue consensuada, aunque se produjeron incidentes en Avenida Corrientes donde hubo siete detenidos.
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, había dicho la funcionaria durante la presentación del protocolo antipiquetes.
