Desde la pandemia, se profundizó el vaciamiento de este sanatorio que recibe principalmente a estatales y jubilados. A la falta de servicios, se le sumó que dejaron a decenas de familias sin trabajo a comienzo de este mes.
Región 21/02/2024
Por Rodrigo Lescano
Preocupación en el sistema de salud local
A pesar de las dificultades económicas que nos impiden a todos llegar a fin de mes, Nadia Cappa se propuso comenzar el año con una sonrisa. Su hija había sido abanderada en el colegio y, en algunos meses, se irá de viajes de egresados. Todavía le quedan cuotas por pagar, pero ella no quiere que pierda la oportunidad de vivir una experiencia que va a recordar toda su vida.
Con el lema “a mi niña no le debe faltar nada”, Nadia fue, durante todo enero, con esa sonrisa a la Clínica Privada Provincial, un sanatorio en Merlo donde trabaja desde hace dieciséis años como administrativa. Al igual que a sus compañeros, le pagaron su sueldo en cuotas, no recibió los últimos aumentos paritarios y la mayor parte de su aguinaldo no fue depositado.
Rodeada de un clima donde la indignación por no respetar los derechos laborales se mezcla con la batalla entre la vida y la muerte que se disputa en todo establecimiento hospitalario, la empleada de cuarenta años siguió sonriendo. Su ánimo estaba alimentado porque el lunes cinco de febrero de este año entraría de vacaciones. El viernes anterior a tomarse su merecido descanso, su vida cambió por completo: su pareja le avisó que un telegrama de despido había llegado a su casa.
Hasta el último minuto
Cappa no fue la única despedida. Otros trabajadores fueron avisados de que debían ir a buscar sus liquidaciones. Teniendo en cuenta que la empresa venía realizando despidos a cuenta gota, la trabajadora estima que alrededor de ochenta familias son las que hoy se han quedado sin su sustento diario.
Los dueños de la Clínica Privada Provincial no tuvieron en cuenta ninguna de las realidades que atravesaban sus empleados a la hora de despedirlos. Nadia relató que entre los afectados hay pacientes con enfermedad relacionada con el VIH y con licencias médicas. También profesionales que estaban por jubilarse y madres de personas con discapacidad.
“La clínica nos hizo trabajar hasta que nuestras familias nos pasaban la información de que estaba la carta en nuestra casa. Nos usaron hasta el último minuto, hicieron una limpieza de todo lo que nos les sirve y todavía hay compañeros que están esperando el telegrama”, expresó con rabia la administrativa, quien sostiene que la empresa quiere que solo haya 150 empleados de los 280 actuales.
Reestructurar con los trabajadores en la calle
Para encontrar las razones de estas desvinculaciones, LA PRIMERA pudo acceder a uno de los telegramas de despido. El mismo está firmado por Fernando Martín Ávila, uno de los apoderados de la clínica. Allí argumentó que, debido a que los montos de las prestaciones de salud abonadas a las instituciones no se condice con los costos operativos de estas últimas, la empresa se encuentra en “una reestructuración que incluye una reducción de personal”.
Amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (despido por causa de fuerza mayor o disminución del trabajo), Ávila señaló en el texto que la mayoría de los pacientes son afiliados a IOMA y PAMI, y que estas obras sociales “fijan las actualizaciones de los aranceles de las prestaciones en forma unilateral sin que ellos reflejen los aumentos de los insumos (muchos de ellos dolarizados) y actualización de los salarios”. Agregó que éstas “no sólo fijan valores de prestaciones que no llegan a cubrir los costos, sino que además abonan las mismas a plazo, todo lo cual, implica que los servicios brindados sean deficitarios”.
En contraposición a estos argumentos, Cappa sostiene que el proceso de despidos tiene demasiadas irregularidades: “Según el artículo 247 deben despedir hasta el quince por ciento del personal. Sin embargo, ellos despidieron al treinta por ciento. Tampoco lo hicieron en forma escalonada con respecto a la antigüedad. Echaron a compañeros que llevaban entre veintiocho y treinta y dos años de antigüedad”.
A esto se suma que los despidos se realizaron días antes que la clínica presentara un procedimiento preventivo de crisis. “Es mentira que, para el treinta de enero, habrían llamado a un concurso de acreedores. Recién lo presentaron el cinco de febrero, pero el primero de ese mes nos enteramos que estábamos en la calle”, mencionó.
En el Caribe no hay crisis
La crisis en la Clínica Privada Provincial no es reciente. Los trabajadores denuncian que, desde hace algunos años, los propietarios la están vaciando. Este vaciamiento se expresa en el cierre de servicios y en el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.
En relación al primero, la pediatría fue cerrada en octubre del 2022, mientras que ginecología, neonatología y traumatología corrieron el mismo destino el año pasado. Por otro lado, desde la pandemia los profesionales de la salud sufren el pago de sus salarios y aguinaldos en cuotas, a la vez de que éstos no están ajustados a los aumentos correspondientes a las paritarias. Los dueños llegaron a especular con los subsidios que entregaba el Estado durante la gestión de Alberto Fernández para completar lo que les debían.
Esta situación estuvo acompañada constantemente de una persecución gremial. Cappa relató que la última elección de delegados fue en el 2018 y que todos los representantes sindicales fueron despedidos.
Todo este panorama difiere de la realidad del grupo empresario dueño de la clínica. Una investigación del sitio La Izquierda Diario reveló que los propietarios también poseen las empresas “Salud protegida” de Ituzaingó y el lujoso Club de campo ’Los Pingüinos", entre otros grandes negocios. A través de la navegación en sus redes sociales, ese medio registró posteos relacionados a vacaciones en el Caribe y en lujosos cruceros.
El desafío de seguir sonriendo
A pesar de las dificultades, Nadia Cappa intenta no perder su sonrisa. Envía cartas documento al estudio de abogados de la patronal, pero éste se las rechaza. Ella se apoya en sus compañeros despedidos, con quienes organizó un grupo de WhatsApp para seguir las novedades y debatir las acciones a seguir. Este lunes se movilizaron al Ministerio de Trabajo de Morón.
Ella sabe que no puede contar hasta el final con su sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina: “Los representantes del gremio desaparecieron. Solo se acercaron un día y se hicieron los enojados, pero nos tienen desamparados”. Sin embargo, sabe que no está sola. Integrantes de la asamblea de vecinos autoconvocados de Merlo y de la Asamblea Popular de Padua le dieron su apoyo cuando se enteraron de los despidos. Entre ellos se encontraba el concejal por el PTS en el FIT-U David Maidana, a quienes los trabajadores ya conocen por haber estado en cada reclamo que realizaron.
Nadia y todos sus compañeros despedidos tienen un gran desafío: no bajar los brazos ni tampoco dejar de sonreír. Si ellos se rinden, los cien pacientes que se atienden diariamente en la Clínica Privada Provincial no podrán acceder a una buena atención de la salud y los trabajadores que quedan pagarán con sus derechos los costos de las acciones que promueven quienes priorizan las ganancias por sobre un servicio de calidad.
La sonrisa debe estar cargada de esperanza. Una que muestre que es posible frenar los despidos, reincorporar a los que están afuera y lograr que se le pague todo lo adeudado.
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