Congreso: Se conformó la bicameral del Mega DNU y lo tratará en los próximos días

Finalmente, este jueves quedó conformada la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, con el senador riojano Juan Carlos Pagotto como presidente, que tendrá entre otras labores, el tratamiento del DNU 70/2023 enviado por el presidente Javier Milei el pasado 20 de diciembre. 

El Senado, a través del decreto parlamentario 1/24 de la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, había elevado sus integrantes el pasado 2 de enero.

El riojano Juan Carlos Pagotto, por el oficialismo; el radical Víctor Zimmermann; Luis Juez, por el Pro; el salteño Juan Carlos Romero (CF); el correntino Carlos “Camau” Espínola (UF); y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de Unión por la Patria, son los integrantes por parte del Senado.

Por su parte, Martín Menem, titular de la Cámara baja, elevó este lunes al resto de los integrantes que serán: el jefe de bancada libertaria, Oscar Zago, y el correntino Lisandro Almirón, por el oficialismo; Hernán Lombardi, por el Pro; el catamarqueño Francisco Monti, por el radicalismo; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, por Unión por la Patria.

En la reunión de este jueves, la oposición se opuso a la designación de Juan Carlos Pagotto. Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda, pidió la impugnación y acusó que “me hicieron llegar una carta firmada por una decena de organismos de derechos humanos de La Rioja, donde impugnan precisamente la presencia de Juan Carlos Pagotto”, por haber defendido a represores en casos de lesa humanidad.

Por otro lado, Unión por la Patria reiteró su reclamo respecto a la cantidad de miembros que le correspondían en dicha comisión: basados en los resultados de las elecciones generales del 22 octubre, los diputados kirchneristas consideran que “les corresponden ocho lugares (cuatro por cámara) y no seis”.  

Según los establecido en la Ley 26.122, esta comisión no sólo revisa los decretos de necesidad y urgencia, sino también aquellos de delegación legislativa y promulgación parcial de leyes. Para quedar avalado, un DNU requiere del voto de una sola cámara; pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.

El mega DNU 70/23 de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos. 

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente el juez federal Alberto Recondo la dejó sin efecto.

A diferencia de la ambiciosa ley ómnibus, que se cayó en la Cámara de Diputados, gran parte del DNU 70/23 se encuentra vigente y, más allá de la puesta en marcha de la bicameral, la oposición más férrea continuará su presión para que el decreto sea rechazado en los recintos.

Desde Unión por la Patria intentaron durante el período extraordinario llevar el tema al recinto luego de que transcurrieron los diez dias hábiles reglamentarios. Sin embargo, la titular del Senado nunca respondió a los dos pedidos.

Esto implicó que el proyecto de ley sobre lavado de activos haya quedado sin ser tratado aun teniendo media sanción de la Cámara baja en vísperas de la inspección del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que será en los primeros dias de marzo. 

En estos días, según averiguó GRUPO MEDIATRES, existe la posibilidad que esa iniciativa “sea enviada por decreto”. Del mismo modo, desde el oficialismo no tendrían apuro en tratar el DNU del presidente Milei debido a que “hay decenas de decretos sin tratar” de la gestión de Alberto Fernández. 

Otros puntos del DNU

El Código Aduanero no fue derogado, sino que será reformado, hay una gran caja ahí como para abandonar toda regulación, pero la Ley de Tierras, que sí caducará. El paquete incluye la modificación de la ley de Manejo del Fuego, la derogación –otra vez– de obligaciones para los ingenios azucareros y la liberación del régimen jurídico de sector vitivinícola.

También, el decreto presidencial modificará a sola firma el Código Civil y Comercial "para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada". Esta modificación es una vía de entrada a la dolarización de la economía que muchos analistas dan por imposible.

En tal sentido, Milei vía DNU eliminará "las restricciones de precios a la industria (de la medicina) prepaga" y esas empresas pasarán a competir con las obras sociales.

El recorrido del DNU

El inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional prevé que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”, el Poder Ejecutivo “podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.

A continuación, se aclara que el jefe de Gabinete deberá remitir el decreto al Congreso y “dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara”. Esto se cumplió el 19 de enero.

De acuerdo con la Ley 26.122, se establece que esta comisión no sólo revisa los decretos de necesidad y urgencia, sino también aquellos de delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.

Cabe aclarar que, para quedar avalado, un DNU requiere del voto de una sola cámara; pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.

De tal manera, es muy difícil que un decreto de necesidad y urgencia sea rechazado por el Congreso. Sobre todo, porque hay un dato más, no menos importante: los tiempos consignados por la Constitución y las leyes no siempre se cumplen. En general, no se cumplen, y nada sucede.

No es lo que vaya a pasar con este controvertido decreto, que despierta un rechazo enfático y proclamado por parte de UP, y reparos muy fuertes en lo que fue Juntos por el Cambio. No en el Pro, pero sí en los representantes radicales, de la Coalición Cívica y Cambio Federal. Tampoco con el tenor de las modificaciones impulsadas, sino las formas, tal cual han expresado a partir de que se conoció la magnitud del DNU.

Más de dos años sin reunirse

De hecho, la Bicameral de Trámite Legislativo lleva más de dos años sin reunirse. Por eso fue que el pasado 22 de noviembre, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio reclamaron al presidente de esa comisión, Marcos Cleri, reactivarla. 

Encabezados por el diputado del Pro, Pablo Tonelli, los legisladores advirtieron en esa oportunidad que era la segunda nota de ese tenor que presentaban. Una referida a 66 decretos; la siguiente a 34. Son 100 los decretos que no han sido tratados remarcaron los legisladores.

Lo cierto es que la comisión no se reúne desde el 6 de julio de 2021 para tratar expedientes. Solo hubo una reunión constitutiva el 30 de junio de 2022 de 10 minutos solo para nombrar autoridades.

A partir de 1994, con la incorporación de los DNU a la Constitución hasta la reglamentación del control parlamentario en 2006, marca una diferencia con el periodo anterior. Cabe recordar que en estos casi 30 años, el Congreso nunca rechazó un decreto del Poder Ejecutivo. 

En las últimas semanas, el presidente de la Nación acusó al Congreso de “coimeros”, “idiotas útiles” y “nido de ratas”. Con la caída de la ley Bases como primera derrota legislativa, el Gobierno Nacional tratará de ajustar alianzas para no ser la primera gestión a la que se le cae un decreto de necesidad y urgencia.