Carlos Greco: “Tenemos que garantizar el derecho a la educación superior”

El rector Carlos Greco conversó con el profesor Jorge Steiman, director de la Maestría en Educación de la Escuela de Humanidades (EH), en el marco de un ciclo de entrevistas que realiza este posgrado con intelectuales, académicos y artistas. En esta ocasión, la charla estuvo centrada en el presupuesto universitario, las formas de composición de un presupuesto y el impacto de la gratuidad universitaria en la vida diaria de las miles de personas que transitan las aulas.

Además de ser el actual rector de la UNSAM, Greco es profesor de Economía y Financiamiento de la Educación y se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

 Jorge Steiman: Luego de la multitudinaria marcha universitaria, en los diarios aparecían titulares que referían que el gobierno había dado un aumento del 270 por ciento, primero para la UBA y posteriormente para todas las universidades. Entonces, a muchos y muchas de quienes trabajamos en las universidades nos preguntan “¿De qué se quejan ahora si ya les dieron lo que pedían?”. Por eso, para comenzar me gustaría que nos aclares qué significa esa partida de dinero para las universidades.

Nosotros somos una institución pública: nuestra principal fuente de financiamiento es el presupuesto público que se decide cada año a través de una ley del Congreso. Son las autoridades legislativas las que, cada año, prevén —porque el presupuesto es una previsión de ingresos y gastos— qué recursos tendrán las universidades a lo largo del ejercicio fiscal siguiente. El Poder Legislativo tenía en consideración un proyecto de ley, pero no hubo acuerdo político para que ese presupuesto fuera considerado y aprobado por las cámaras. Cuando se da esa situación, técnica y legalmente se produce lo que se llama una prórroga o reconducción del presupuesto del año anterior. Como no hay ley, entonces se prorroga el presupuesto del año anterior. 

¿Esto significa que las partidas que se prorrogan son insuficientes para llevar adelante las políticas públicas?

Si alguien quiere llevar adelante una política pública, el primer criterio que tiene que implementar es el de suficiencia. ¿Cuánto hace falta de recursos para, por ejemplo, producir graduados, para producir conocimiento, para producir salud? Cuando se prorroga un presupuesto en contexto de inflación, lo primero que aparece es la insuficiencia. Como consecuencia de la insuficiencia también aparece la discrecionalidad. Cuando tienen que incorporarse nuevas partidas, nuevos ingresos, el gobierno puede disponer libremente de esa partida porque no está prevista en la ley. Entonces, comenzamos el año con un presupuesto prorrogado que se había formulado en septiembre de 2022. Desde ese momento hasta hoy hay casi un trescientos treinta por ciento de inflación. Por este motivo comenzamos el año conversando con la cartera educativa. Yo en ese momento era presidente del CIN y advertimos sobre la necesidad de actualizar las partidas presupuestarias. Y, después de tres meses, en marzo, recibimos una actualización, pero no es un incremento, fue una actualización parcial del 70 por ciento para la partida de gastos de funcionamiento.

¿Qué representó la marcha?

Fue una decisión del sistema universitario en la que, por única vez en la historia, tanto los representantes gremiales como estudiantiles confluyeron en la decisión de ir, y las instituciones a través de sus rectores adhirieron y acompañaron. Más allá de eso, fue una expresión de toda la sociedad en la que se pidió garantizar el derecho a la educación superior. Lo que se reclamó fue la necesidad de actualizar los salarios y los gastos de funcionamiento, de reiniciar las obras paralizadas, de asignar partidas para ciencia y técnica, y actualizar e implementar las becas universitarias. Luego de la marcha hubo una negociación bilateral entre la Secretaría de Educación y la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que se reconoció la necesidad de actualización de las partidas para gastos de funcionamiento en un 270 por ciento. 

¿Qué involucran estos gastos de funcionamiento?

Lo primero que hay que decir es que las universidades son organizaciones de personas. Su principal capital es el capital intelectual. Son nuestros profesores, nuestros investigadores, nuestros no docentes. Gestionar ese principal recurso con el que contamos es lo más sensible. El foco de nuestro trabajo debe ser preservar, estimular, incentivar y contener a nuestros trabajadores del conocimiento. La dignidad de ese trabajo es lo que hace posible que nuestra institución sea una institución valiosa que produce y transmite conocimiento de calidad. El sentido de gestionar estos recursos es construir valor a partir de ese principal capital que tenemos respecto de la oferta que hacemos de conocimiento. Esto hay que complementarlo con condiciones de infraestructura, de funcionalidad, de desempeño de esas actividades.

Hemos tenido períodos inflacionarios en distintos momentos. ¿Por qué se dio ahora esta situación ante un salto tan brusco de la inflación? ¿Cómo ha sido en otros períodos?

En los meses de noviembre y diciembre de 2023 la partida de gastos se multiplicó por dos, es decir que el crédito presupuestario que recibimos para gastos tuvo un incremento del cien por ciento. Eso era un antecedente para poder comenzar el año 2024. Cuando conversamos con este gobierno, con la cartera educativa, hicimos notar esa situación. En otros años siempre fueron llegando acuerdos que se aproximaban a las necesidades que iban apareciendo, complementándose con distintas estrategias. 

¿Cómo es el diálogo con la actual cartera educativa?

Lo que encontramos como respuesta es que no hay política. Antes conversábamos con un ministro y con un secretario. Ahora con un secretario y un subsecretario. Es muy difícil el diálogo. Solo podemos discutir cuestiones presupuestarias, pero vaciadas de contenido.

La narrativa del poder referida a la actividad de adoctrinamiento de las universidades y a la necesidad de auditoría estuvo en la prensa como una especie de latiguillo. ¿Creés que la marcha universitaria acalló la construcción de la universidad como enemigo?

La marcha se transformó en una demanda social, no solo de la comunidad universitaria. Fue histórica en esos términos, tanto por la cantidad de asistentes como por la configuración de quienes participaron. Fue una marcha mayormente apartidaria, plural y federal. Eso nunca antes había ocurrido. Y quienes participaron de la marcha se expresaron desde el punto de vista de la aspiración a sostener un derecho, más que desde la aspiración a reclamar por un crédito presupuestario, por una demanda salarial o por un gasto de funcionamiento. Fue el reclamo por sostener el derecho a la educación superior.

¿Cómo encaran las universidades las conversaciones con el gobierno?

Hemos acordado ocuparnos y dedicarnos a profundizar nuestro trabajo. Lo dijimos en estos términos. Nosotros somos la solución, no somos un problema. Somos parte de la posibilidad de que este país solucione su crisis, porque tenemos para ofrecer lo que sabemos, conocimiento. Estamos tratando de reconducir esa relación. Estamos evitando los prejuicios, estamos propiciando ir a un escenario de trabajar por las cuestiones positivas y no por las negativas. Este proceso de reconfiguración para nosotros es vital porque tiene que ver con el futuro, no con el pasado y ni siquiera con el presente. Hablamos de cómo asignamos de la mejor manera posible recursos públicos que son realmente escasos, en condiciones en las que la pobreza es del 55 por ciento y la indigencia es del 17 por ciento. 

¿Por qué la universidad pública tiene que ser gratuita? ¿Cuál es el origen de la gratuidad?

Hay fundamentos históricos políticos de nuestro país, pero también asumidos en la contemporaneidad por la región, e inclusive a nivel mundial, considerando a la educación superior como un derecho humano, un bien público y social, y un deber del Estado. Además de los beneficios individuales que genera efectivamente la inversión en la educación en las personas, también genera muchas y altas externalidades y beneficios sociales.