El escenario se muestra adverso para el Gobierno nacional teniendo en cuenta que varios bloques expresaron su malestar ante el contenido del DNU 656/2024. Cómo está la situación en ambas cámaras.
Política 05/08/2024
Ingresó en la mesa de entrada de proyectos de la Cámara de Senadores el Decreto de Necesidad y Urgente 656/2024, por el cual el Gobierno nacional le otorga 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia De Estado (SIDE). El tema no cayó bien en los bloques opositores y crece la posibilidad de que sea rechazado en caso de tratarse en el recinto.
Tal como lo establece la Ley 26.122 –sancionada en el 2006-, para que un DNU sea derogado debe contar con el rechazo de ambas cámaras. Al momento, el Congreso de la Nación nunca ha vetado un decreto presidencial y en caso de que esto sucediera, Javier Milei enfrentaría un suceso histórico.
Desde su publicación en el Boletín Oficial el pasado lunes 23 de julio, el decreto que incrementa en 100 mil millones el presupuesto del organismo de inteligencia tuvo el rechazo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, parte de la bancada de Hacemos Coalición Federal y el radicalismo.
Incluso, la diputada nacional Margarita Stolbizer presentó un proyecto de rechazo al DNU 656/2024, el cual fue acompañado por Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein, Alejandra Torres y Natalia de la Sota. Asimismo, la Coalición Cívica en su totalidad –son 6 los miembros de ese bloque- hizo lo mismo bajo la premisa de declarar “nulo de nulidad absoluta”.
El martes por la noche, la cumbre del bloque radical en Diputados acordó exigir el “urgente” tratamiento del DNU en cuestión en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la cual tiene asignada un encuentro para el próximo jueves 8 de agosto en rigor de revisar decretos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
Ahora bien, el poroteo indica que, si sumamos a los 99 integrantes del bloque kirchnerista, a los 5 de la izquierda, a los 7 de HCF, a los 6 que responden a Elisa Carrió y a los radicales (al momento son 33), la suma supera los 129 votos requeridos para rechazar el DNU en el recinto de la Cámara de Diputados.
En el Senado, el escenario es aún más adverso para el oficialismo, ya que el interbloque Unión por la Patria cuenta con 33 legisladores y quedaría a solo 4 del rechazo. En esa línea, el senador radical Pablo Blanco fue uno de los que mostró su malestar ante el contenido del DNU cuando de inmediato le solicitó a Juan Carlos Pagotto –titular de la bicameral- el inmediato tratamiento.
El antecedente en la Cámara alta sobre el DNU 70/2023 de desregulación de la economía disparó las alarmas en el Gobierno cuando en marzo, por una mayoría holgada, el Senado rechazó el decreto con votos de Unión por la Patria, varios radicales (entre ellos Martín Lousteau), peronistas no K y legisladores que responden a gobernadores de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén.
Con la llegada del DNU al Congreso, ocurrido este jueves 1ero. de agosto, la bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre su validez o invalidez. Vencido ese plazo (sería el miércoles 14), y en caso que no haya dictamen, las cámaras podrán abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto”, según el artículo 20 de la Ley 26.122.
RECUADRO
La nueva (vieja) SIDE
La nueva SIDE, a la que el gobierno de Javier Milei acaba de darle un presupuesto nueve veces más grande que el que tenía la AFI, no es solamente una herramienta para una escalada represiva que se volverá necesaria a medida que se profundice el plan económico de miseria planificada, sino que se trata de la piedra fundamental sobre la que el presidente proyecta asentar su poder. La verdadera fase dos: la construcción de una usina de control, persecución y manipulación de la opinión pública al servicio de un régimen cuya inspiración abreva lejos de cualquier tradición democrática y puede tomar, rápidamente, las formas de una pesadilla.
El 16 de julio el gobierno nacional publicó un decreto que eliminaba la antigua Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y creaba un nuevo organismo, con mayores atribuciones y un organigrama copiado del sistema norteamericano, que recuperaba el nombre histórico del área: Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). No fue lo único que recuperaron del pasado. La nueva estructura abrigará a personal que formó parte de gestiones anteriores, algunos de ellos tristemente célebres. A cargo de todo quedó Santiago Caputo, asesor estrella sin cargo y único miembro de la mesa chica en el primer piso de la Casa Rosada que no se apellida Milei.
Una semana más tarde se publicó un segundo decreto que le asignó a la SIDE un presupuesto extraordinario de 100 mil millones de pesos, lo que en la práctica implica aumentar nueve veces la cantidad inicial, que era de 15 mil millones y, a esta altura del año, ya estaba ejecutado en un 98 por ciento. Además, estos fondos se incorporan en condición de reservados, es decir exentos de control, bajo la excusa del secreto necesario para el desarrollo de ciertas operaciones de inteligencia. En total, el 75 por ciento de los recursos asignados al nuevo/viejo organismo tienen esta condición. En la gestión anterior era sólo el cuatro por ciento.
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