Un acuerdo entre el Gobierno y la CGT frenó la reforma sindical

Ante la sorpresa y el enojo del radicalismo, el Gobierno nacional tejió un acuerdo con los integrantes de la CGT y la reforma sindical que iba a ser dictaminada este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo no ocurrió. Sin el impulso del oficialismo, el radical Martín Tetaz suspendió la reunión y expresó su bronca en X.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se transmitió el lunes a última hora, respondió directamente a un pedido de la CGT al ala dialoguista del Gobierno conformada por la dupla Guillermo Francos y Santiago Caputo y, a la vez, a negociaciones entabladas en el Congreso por el diputado nacional Sergio Palazzo (UP), líder del gremio bancario y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que venía resistiendo contra la reforma sindical. 

El proyecto de Democracia Sindical, que unifica textos presentados por Tetaz, Verónica Razzini (Pro), María Eugenia Vidal (Pro), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Ricardo López Murphy, entre otros, contempla Modificaciones a la Ley 23.551 (Asociaciones Sindicales) y a la Ley 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo).

Además, propone limitación de mandatos de los dirigentes a fin de “garantizar la efectiva democracia interna”, a través de medidas como “la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales”, “la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos cuando las mismas hubieran obtenido más del 3% de los votos válidos emitidos de sus afiliados”, y “el establecimiento de un código de conducta ética para afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”. En suma, la eliminación de cuotas solidarias obligatorias; publicación obligatoria de informes financieros y auditorías por parte de la AGN.

“Los mandatos de quienes integran los órganos de dirección y administración tendrán las mismas restricciones de extensión de período y cantidad de reelecciones que las exigidas para Presidente y Vicepresidente de la Nación” y aclara que “se entiende por mandato completo desde el momento de su iniciación, independientemente de que hayan transcurrido los 4 años o menos”, agrega.

Por otra parte, incluye la presentación de declaraciones juradas patrimonial integral dentro de los 30 días corridos desde la inscripción de su candidatura y una actualización anual de la información.

Otro punto incluido en la iniciativa es “garantizar la presencia femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales”, sobre lo cual detalla que “el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su presencia en los cargos electivos y representativos del gremio no podrá ser menor a la proporción de mujeres afiliadas sobre el total de afiliados”. Y agrega que “no podrá oficializarse ninguna lista que no cumpla” esos requisitos.

También, el proyecto sostiene que “todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción, garantizando así la libre elección de la obra social”, y detalla: “Los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de opción luego de permanecer 3 meses en la obra social correspondiente a la rama de su actividad”, y que “los afiliados que hubieren cambiado de obra social deberán permanecer como mínimo 3 meses en ella y, vencido ese plazo, podrán volver a ejercer esa opción”.